Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Pero la magnitud de esa operación y la rapidez con la que se pueda llevar a cabo dependerá, en parte, de si el gobierno puede superar una serie de obstáculos, dijeron expertos en inmigración. Entre ellos se incluyen la resistencia de algunas ciudades y agencias policiales locales, un déficit de presupuesto y personal para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, demandas de grupos de defensa de los derechos civiles y preguntas sobre la cooperación de los países necesaria para aumentar las cifras de deportaciones.

Se estima que actualmente hay 11 millones de personas en Estados Unidos que carecen de estatus legal.

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“No creo que sea posible deportar a toda la población de inmigrantes no autorizados”, dijo a NBC News Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Programa de Política de Inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria.

La primera administración de Trump expulsó a inmigrantes no autorizados casi 1.2 millones de veces, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. La administración de Obama expulsó a inmigrantes no autorizados 2.9 millones de veces en su primer mandato y 1.9 millones en su segundo. Las cifras pueden incluir a personas que fueron deportadas más de una vez.

“La primera administración de Trump no alcanzó esos niveles en parte debido a la menor cooperación con las fuerzas del orden locales y estatales, debido en muchos casos a las políticas y leyes de santuario”, dijo Bush-Joseph. “Esta vez, tenemos muchos alguaciles y departamentos de policía locales que han dicho que están dispuestos a apoyar los planes de deportación masiva o que no lo harán”.

Dijo que estará atenta a una posible “división creciente entre estados y localidades republicanos y demócratas”.

Los líderes demócratas de ciudades y estados de todo el país ya han prometido oponerse a los planes de Trump, y en algunos casos han aprobado ordenanzas destinadas a proteger a los inmigrantes indocumentados de sus esfuerzos por deportarlos. Mientras tanto, Texas ha ejercido su propio poder de aplicación de la ley en la frontera y se ha posicionado para ser un actor clave en la agenda de inmigración de Trump, mientras que otros estados conservadores han aprobado políticas anti-santuario.

Durante la última década, entre el 70% y el 75% de los arrestos realizados por el ICE en el interior de Estados Unidos fueron entregados por otras agencias de aplicación de la ley, incluidas cárceles locales y estatales, así como prisiones federales, según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

Rick Su, profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Norte, dijo que “para que la política de Trump funcione, puede ser que gran parte de ella sea coordinación con los estados”.

Los funcionarios de Trump han dicho que se enfrentarán a las localidades que se resistan a sus planes y que el presidente entrante está considerando retener las subvenciones policiales federales a las agencias de aplicación de la ley que se nieguen a ayudar en las deportaciones.

Trump siguió una estrategia similar durante su primer mandato, pero se encontró con importantes obstáculos legales. La cuestión de qué puede obligar legalmente su administración a hacer a los estados y localidades sigue siendo una pregunta abierta, dijo Su.

Si los tribunales fallan a favor de la capacidad de Trump para movilizar recursos federales y presionar a los estados y localidades para que cumplan, “los residentes pueden comenzar a volverse en contra de estas cosas de manera bastante dramática”, dijo.

A medida que se desarrolla la segunda administración de Trump, algunos lugares podrían intentar mantener plenamente su estatus de santuario, mientras que otros podrían cooperar en casos considerados de mayor prioridad, como aquellos que tienen antecedentes penales o se consideran amenazas a la seguridad nacional, dijo Andrea Flores, vicepresidenta de políticas y campañas de inmigración en FWD.us, que se describe a sí misma como una organización bipartidista que aboga por la reforma migratoria.

“Pero las ciudades seguirán siendo una defensa de primera línea porque han tenido que proporcionar un mosaico de protecciones para su población”, dijo Flores, asesora de políticas de inmigración de las administraciones de Biden y Obama.

Trump le dijo a NBC News el mes pasado que su administración primero se centraría en deportar a los delincuentes y luego expandiría sus operaciones.

La capacidad de la administración Trump para implementar ese plan al ritmo y la escala que busca también podría verse obstaculizada por las acciones legales de los grupos de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes. Si bien las estrategias legales específicas dependerán de las acciones que tome Trump y de si existen posibles problemas de derechos civiles, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha dicho que está “lista para tomar medidas en el momento en que Trump preste juramento al cargo”.

Déficit presupuestario del ICE

Otro gran obstáculo potencial es el déficit presupuestario de $230 millones de dólares del ICE, incluso antes de los costos asociados con las deportaciones masivas, dijeron en exclusiva a NBC News en diciembre dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la cifra.

“El ICE ya está operando con un déficit. A menos que el Congreso proporcione una gran cantidad de fondos adicionales para los aspectos de cumplimiento de los planes de deportación masiva, podría llevar mucho tiempo aumentarlos”, dijo Bush-Joseph.

Las negociaciones sobre el gasto comenzarán en enero, cuando los republicanos tengan el control de la Casa Blanca y el Senado y un control limitado de la Cámara de Representantes, pero aún no está claro cuándo y cómo el Congreso aceptará la financiación.

“El hecho es que incluso cuando Trump llegó con su discurso duro, no aumentó drásticamente las deportaciones”, dijo Su sobre el primer mandato de Trump. “Parte de eso fueron recursos, parte de eso fue financiación”.

La política de deportación masiva de Trump podría costar más de unos $88,000 millones de dólares, según el American Immigration Council, un grupo de investigación y defensa de los inmigrantes. Trump le dijo anteriormente a NBC News que no había “precio” en lo que respecta a su plan de deportación masiva.

Tom Homan, la elección de Trump para “zar de la frontera”, dijo anteriormente a NBC News que $86,000 millones de dólares serían un “gran comienzo” y que le gustaría tener al menos 100,000 camas de detención. Actualmente, Estados Unidos tiene aproximadamente 34,000.

El director saliente de ICE, P.J. Lechleitner, dijo a NBC News a principios de este mes que la agencia tiene casi 8 millones de personas en su lista de no detenidos, con un oficial por cada 7,000 casos. De ellos, se sabe que 435,719 tienen antecedentes penales a septiembre de 2024, según una carta al Congreso de ICE, y 13,099 de ellos fueron condenados por homicidio y 15,811 por agresión sexual.

Lechleitner dijo que ICE ha estado “crónicamente subfinanciado” y necesita más personal y recursos.

También dijo que con los recursos actuales de ICE, no sería posible aumentar el número de deportaciones.

Cooperación de otros países

Bush-Joseph dijo que Trump “no puede deportar a todo el mundo, pero si el Congreso proporciona una financiación adicional significativa y se permite que entren en vigor las medidas restrictivas previstas, es posible que la administración pueda aumentar las deportaciones a lo largo de su mandato”.

Flores y Bush-Joseph dijeron que otra barrera para las deportaciones masivas es la necesidad de acuerdos diplomáticos con otros países, ya que no todos los inmigrantes no autorizados pueden ser deportados a los países de los que salieron.

“Es un elemento absolutamente crítico de este plan de deportaciones masivas”, dijo Bush-Joseph.

“La administración Biden hizo un esfuerzo realmente concertado para negociar con otros países para lograr que más aceptaran el regreso de sus nacionales”, dijo. “Eso incluye un acuerdo histórico con México para recibir de regreso a nacionales de terceros países, pero a cambio del establecimiento de vías legales, como los procesos de libertad condicional humanitaria”.

Trump ha amenazado con usar aranceles para intentar obligar a los países a aceptar de regreso a sus nacionales, y “no está claro qué buscarían otros países a cambio de aceptar a sus propios nacionales o a los de terceros países” durante su administración, dijo.

La mayoría de las personas deportadas provienen de México y del norte de Centroamérica porque esos países aceptan grandes cantidades de deportaciones de sus propios ciudadanos, dijo. Pero en los últimos años ha habido un aumento importante de migrantes de Venezuela y Cuba, y esos países no aceptan deportaciones de sus ciudadanos.

Los expertos dijeron que hay algunos factores que podrían ayudar a Trump en sus planes de aumentar las deportaciones, incluida la deportación rápida de más inmigrantes que cruzan ilegalmente mediante la expansión de la remoción acelerada.

A partir de 2004, la política permitió a las autoridades utilizar un proceso de remoción acelerada para inmigrantes no autorizados capturados a menos de 100 millas de una frontera terrestre de Estados Unidos y arrestados dentro de los 14 días posteriores a su llegada.

La primera administración de Trump tomó medidas para expandir ampliamente esa política a los inmigrantes indocumentados en cualquier parte de los Estados Unidos que no pudieran demostrar que habían estado en el país de forma continua durante dos años o más.

Esa decisión fue bloqueada por los tribunales antes de que finalmente se permitiera que entrara en vigor. Un abogado de la administración Biden retiró la política.

“Espero que la administración Trump vuelva a ampliar la posibilidad de deportaciones aceleradas porque eso evita los retrasos y las demoras prolongadas en los tribunales de inmigración”, dijo Bush-Joseph, señalando que había más de 3.5 millones de casos de inmigración pendientes.

En los últimos años, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, también ha respaldado la autoridad del poder ejecutivo en los casos de inmigración, y un precedente reciente ha limitado la capacidad de presentar demandas, dijo Bush-Joseph.

Incluso cuando se presenta una demanda importante, los tribunales tendrán que decidir si bloquean una política o permiten que se siga aplicando mientras el caso avanza en el sistema legal.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Daniella Silva para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.

Temen que tan pronto como el presidente electo Donald Trump tome posesión el lunes, cumpla su promesa de campaña ordenando deportaciones generalizadas en todo el país.

Las 210,000 personas indocumentadas que han llegado a la ciudad de Nueva York desde 2022 también se enfrentan al cierre del albergue Floyd Bennett Field, que alberga a 1,800 personas, por parte del alcalde Eric Adams, y a sus amenazas de revertir las políticas de santuario de la ciudad anulando la oposición del Ayuntamiento con una orden ejecutiva.

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Los funcionarios del gobierno entrante de Trump y Adams se han reunido para discutir la deportación de migrantes que han cometido delitos.

Emily Schectman, directora de South Brooklyn Sanctuary, dijo que la organización está haciendo todo lo posible para prepararse para la incertidumbre que se avecina.

En las últimas semanas, ha tenido 150 nuevos voluntarios registrados y espera que haya más después de la inauguración. “Estamos prediciendo que haremos mucho más trabajo de defensa contra la deportación, vigilancia de ICE y contra la separación familiar”, dijo.

South Brooklyn Sanctuary es uno de los docenas de grupos en todo el país que opera como una comunidad pro se, enseñando a los migrantes a representarse a sí mismos “en su propio nombre” en el sistema legal con el apoyo de voluntarios.

La organización sin fines de lucro ha trabajado con más de 5,000 migrantes desde su apertura en 2022 con un grupo de más de 100 voluntarios capacitados y activos. Solo el año pasado, ayudaron a 715 migrantes a presentar formularios de cambio de dirección para que no pierdan sus citas judiciales y corran el riesgo de ser deportados.

Una vez en el cargo, Trump ha prometido lanzar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”, enviar al Congreso un proyecto de ley para prohibir las ciudades santuario y solicitar fondos para contratar y retener a 10,000 nuevos agentes fronterizos.

También ha dicho que restringirá los beneficios financiados por el gobierno federal solo a los ciudadanos estadounidenses y restablecerá y ampliará una prohibición de viajes dirigida a los países de mayoría musulmana.

Durante una entrevista en diciembre con “Meet the Press” de la NBC, Trump afirmó que no tenía “otra opción” más que deportar a millones de personas, y que “nos están costando una fortuna”, una afirmación que ha sido cuestionada por los economistas.

Para prepararse para el trabajo que se avecina, South Brooklyn Sanctuary está recaudando fondos para un abogado de tiempo completo y construyendo un nuevo programa para ayudar a los migrantes a presentar mociones para reabrir sus casos de asilo, lo que puede combatir las órdenes de expulsión. 

También se está expandiendo a un nuevo espacio este mes, donde capacitará a una nueva cohorte de voluntarios de habla francesa y árabe para acomodar al creciente número de migrantes de países africanos.

“Nuestra promesa a la comunidad es que nos mantendremos informados y preparados para cualquier cambio de política que ocurra”, dijo.

Emelis, quien pidió que no se usara su apellido por temor a la deportación, dijo que se fue de Venezuela después de ser atacada por los militares por sus protestas en la escuela secundaria contra el presidente autoritario Nicolás Maduro.

La joven de 26 años estaba casi sin tiempo para solicitar asilo cuando asistió al programa de inmigración sin cita previa de South Brooklyn Sanctuary en Good Shepherd Church en Bay Ridge; las solicitudes de asilo deben presentarse dentro de un año de la fecha de llegada del solicitante a los Estados Unidos. 

Con la ayuda de voluntarios, completó sus formularios de asilo y permiso de trabajo justo a tiempo.

“Sentí miedo cuando llegué por primera vez, pero recibí mi permiso de trabajo después de solo un mes”, dijo Emelis.

South Brooklyn Sanctuary se fundó a raíz de la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de transportar en autobús a más de 27,300 migrantes a Nueva York, citando la necesidad de seguridad fronteriza.

Más de 8 millones de migrantes han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México desde 2020 debido a la represión política, la violencia de las pandillas, la pobreza y los desastres naturales, y muchos de ellos se han establecido en centros de inmigrantes en grandes ciudades que luchaban por expandir rápidamente su red de seguridad. A partir de 2024, las cifras de cruces fronterizos y las nuevas llegadas de migrantes a la ciudad de Nueva York y otros centros metropolitanos importantes han disminuido.

En Brooklyn, Juan Carlos Ruiz, pastor de la Iglesia del Buen Pastor, y los residentes dieron la bienvenida a sus nuevos vecinos a un programa semanal sin cita previa con información sobre inmigración, comida caliente y ropa. Pronto se dieron cuenta de que lo que los migrantes también necesitaban era conocimiento sobre sus derechos.

En ese momento, los consultorios jurídicos de la ciudad de Nueva York se vieron abrumados por la afluencia de migrantes que luchaban por encontrar representación legal gratuita.

Otras ciudades vieron lo mismo. La Red de Ayuda Mutua de Solidaridad Migrante en Washington, D.C., y Mountain Dreamers en Frisco, Colorado, fueron solo dos de las muchas organizaciones que se formaron en ausencia de servicios gubernamentales locales y sin fines de lucro que ayudaran a los migrantes a completar las solicitudes de asilo y autorización de empleo.

En Nueva York, el centro oficial de asilo de la ciudad impone restricciones estrictas sobre quién puede programar una cita para solicitar asilo: los migrantes deben estar en el sistema de refugios de la ciudad, ser elegibles para una autorización de trabajo y no haber estado en el país durante más de 11 meses.

Mientras tanto, muchos migrantes que llegan a un tribunal de inmigración no están preparados y a menudo se presentan sin representación legal. Casi el 44% de los inmigrantes en el estado de Nueva York están luchando por sus casos solos, dijo Schectman, y muchos no hablan inglés, no conocen sus derechos ni tienen formación legal.

“A falta de capacidad de abogado, queremos una comunidad pro se sólida que pueda llenar ese vacío de justicia”, dijo Schectman.

María Meneses, de 45 años, es una beneficiaria de asilo y comenzó a trabajar como voluntaria con South Brooklyn Sanctuary el verano pasado para compartir los consejos que alguna vez la habían beneficiado.

Se sienta con los solicitantes de asilo y les dice que entiende los traumas que llevan consigo. Meneses les pide cualquier prueba de violencia o abuso para fortalecer su caso. “Les digo que puede resultarles vergonzoso, pero es importante mostrar lo que les pasó”, dijo.

Meneses enfatizó la importancia de que los solicitantes de asilo nombren a la pandilla específica que los amenazó y las ciudades en las que opera. “Debido a los altos niveles de corrupción, muchas de estas pandillas son operaciones económicas y políticas serias incrustadas en el gobierno”, dijo. “Se puede argumentar que resistirse a ellas conduce a la persecución del gobierno”.

Meneses dijo que, aunque su experiencia personal la convierte en una voluntaria eficaz, también puede afectarla. “Estas familias ponen todos sus sueños en el proceso de asilo”, dijo. “Se ven obligados a contar las cosas más terribles que les han sucedido y la razón por la que dejaron todo atrás”.

Pero ver que el grupo de voluntarios de South Brooklyn Sanctuary se duplicó durante los últimos tres meses le da esperanza. “Es inspirador ver cómo la gente de la ciudad de Nueva York se presenta para apoyar a su comunidad”, dijo.

Por ahora, Emelis está construyendo su vida en Nueva York. Después de que le concedieran el permiso de trabajo en 2023, encontró trabajo como cuidadora a domicilio en una agencia de empleo temporal. Ahora puede pasar tiempo con su hijo y sus hermanos después de sus turnos de noche. “Lo único que quiero es darle a mi hijo un futuro mejor aquí”, dijo.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.

El documento parece mostrar que los funcionarios han comenzado a planificar el cumplimiento de la promesa de campaña de Trump de impulsar deportaciones masivas después de que asuma el cargo el lunes.

No estaba claro en el documento qué tipo de inmigrantes serán los objetivos.

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Los funcionarios de ICE remitieron a NBC News al equipo de transición de Trump para que hiciera comentarios. El equipo de transición de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se programó una reunión informativa para los agentes que planean participar en la operación para el viernes por la tarde en al menos una ciudad, según el documento.

También dice que la operación involucrará a agentes a los que se les pidió que se ofrecieran como voluntarios para participar y que se han ofrecido más agentes de los necesarios.

Antes de que NBC News revisara el documento, varias fuentes familiarizadas con la planificación dijeron que las principales áreas metropolitanas que podrían ver acciones tempranas de cumplimiento incluyen el área de Washington, D.C.; Filadelfia, Los Ángeles, Denver y Chicago.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

“Cuando llegamos a este país, veníamos por tres años para terminar nuestra casa en México, y esos tres años ya se convirtieron en más de 20 años”, señaló una madre de familia indocumentada, quien no quiso dar a conocer su nombre por temor.

Conforme ha pasado del tiempo y con esfuerzo, aseguró que su patrimonio y familia creció.

“Desde que llegamos aquí en el 2003 compramos nuestra casa, ya es propia, tengo dos hijos… mi muchacho a la Universidad y mi hija que está en último año de HS”, indicó.

Además de su casa que ya está pagada, la mujer dijo que su familia cuenta con cuatro autos y ahorros en el banco.

Según el Centro de Investigación Pew, el número promedio en años que los inmigrantes indocumentados han vivido en Estados Unidos es de 15.6. Sin embargo, tomando en cuenta que la última amnistía fue en 1986, esto también podría significar que hay personas que tienen aquí al menos 39 años sin poder arreglar su situación migratoria.

Algunos estados superan la cifra promedio como:

• California con 20 años
• Arizona con 19 años
• Illinois con 18 años

La importancia de tomar medidas preventivas

“Tu casa, tu departamento, tu cuenta del banco son suyas, no es que el gobierno va a llegar y se las va a quitar. Lo que tiene que hacer la gente es prevenir cómo van a tener acceso a esos bienes”, dijo el abogado de inmigración Enrique Espinoza.

Algunos bienes materiales tienen escenarios diferentes. 

“Si tienes una casa y tienes una hipoteca, [tienes que] ver quién se va a hacer responsable de pagar la hipoteca si tú no estás aquí, porque si no pagas la casa finalmente la casa la va a tomar el banco y vas a perder ese bien”, indicó Espinoza.

¿Y qué pasaría si la casa ya está pagada?

“Con un poder legal, alguien pudiera manejar la venta de la casa o la renta de la casa, o la recolección de renta de la casa, pero para eso necesitas la autoridad de hacerlo”, señaló.

Sobre las cuentas de banco, al abogado dice se podría acceder al dinero mediante un cajero automático en otro país, pero otra opción sería agregar a alguien en la cuenta.

“Es bien importante saber a quién le vas a dar esa autoridad, ya sea firmando en tu cuenta de banco agregando como una segunda persona que puede tener el manejo de la cuenta o mediante poderes legales”, explicó.

Es decir, los poderes legales son la clave, que también se pueden usar para tomar decisiones en negocios o en vehículos.

Estos se pueden tramitar con abogados especializados.

¿Dónde tramitar un poder legal?

• Abogados especializados en leyes civiles o familiares
• Notarios públicos
• Cortes

“Siempre hay que revisar cuáles son las leyes de cada estado, preferiblemente si se hace con un abogado para que quede registrado es mejor”, dijo.

Pero, así como muchos tienen bienes, también tienen deudas.

“Muchos quizás pensarán no los pago, ahí que se pierdan. Si no vas a regresar al país, y no estoy diciendo que esté bien, y si lo haces, quizás ya no vas a tener ninguna repercusión, pero la realidad es que muchas personas van a intentar regresar en un futuro legalmente y si no pagas tus deudas te generará un récord crediticio. Vas a tener un impacto en tu historial lo tienes que poner en una balanza”, explicó.

Otra recomendación es contactar a un experto en finanzas para tener un plan bien diseñado.

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Su respuesta podría ser el mejor indicador de qué esperar de su gobernador y legisladores estatales una vez el presidente electo Donald Trump asuma el cargo y se formen las legislaturas.

En muchos casos, la identificación con un partido político ha llegado a definir la política pública, desde la capital de la nación a las 50 legislaturas estatales.

Muchos funcionarios estatales republicanos están cerrando filas con Trump al comprometerse a ayudarle a combatir la inmigración ilegal, por ejemplo.

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Algunos funcionarios estatales demócratas organizan un movimiento de resistencia, buscando formas de proteger a sus estados de posibles políticas federales que restrinjan el aborto y los derechos de las personas transgénero, entre otras cosas.

Algunos gobernadores demócratas destacados, por su parte, han adoptado un enfoque más conciliador en un esfuerzo por forjar una relación de trabajo con el nuevo gobierno.

A continuación, un vistazo a qué esperar en algunos temas de política:

INMIGRACIÓN

Los gobernadores y legisladores en estados republicanos se están sumando al compromiso de Trump de combatir la inmigración ilegal y deportar a muchas personas que viven sin permiso de residencia en Estados Unidos.

Una declaración conjunta de 26 gobernadores republicanos dijo que “están listos para utilizar todas las herramientas a su disposición — ya sea a través de la aplicación de la ley estatal o la Guardia Nacional — para apoyar al presidente Trump en esta misión vital”.

Legisladores republicanos en cada vez más estados han propuesto permitir que las fuerzas de seguridad detengan a personas que ingresaron al país ilegalmente, y una ley reciente de Texas ha sido suspendida mientras los tribunales consideran si usurpa inconstitucionalmente la autoridad federal.

Un proyecto de ley en Missouri ofrecería una recompensa de $1,000 a informantes que alerten a las autoridades sobre personas en el país sin permiso de residencia y permitiría a cazadores de recompensas privados encontrarles y detenerlos.

En algunos estados demócratas, los gobernadores han adoptado una estrategia de esperar a ver los planes de inmigración de Trump, dispuestos a cooperar en la deportación de personas que cometen delitos pero no a utilizar la Guardia Nacional para grandes redadas de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Otras jurisdicciones lideradas por demócratas se están preparando para un enfrentamiento. La Legislatura de California ha convocado una sesión especial para crear defensas contra las políticas de Trump sobre inmigración y otros temas.

ABORTO

La mayoría de los abortos en Estados Unidos se realizan utilizando medicamentos en lugar de procedimientos quirúrgicos, y ahí es donde se centra la lucha actual sobre el aborto.

Al menos cuatro estados — Indiana, Missouri, Nueva Hampshire y Tennessee — han presentado proyectos de ley destinados a prohibir las píldoras. Ninguno toma el mismo enfoque que Luisiana, que el año pasado clasificó los medicamentos como sustancias peligrosas controladas.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha demandado a una doctora de Nueva York, a la que acusa de recetar de forma ilegal en una consulta a distancia y enviar píldoras a una mujer de Texas, aunque una ley de Nueva York tiene como objetivo proteger dichas recetas.

Y los fiscales generales republicanos de Idaho, Kansas y Missouri están en los tribunales tratando de revocar la autorización federal a una de las píldoras que suelen utilizarse en el aborto.

EDUCACIÓN

Varios esfuerzos para expandir el uso de dinero público para costear la asistencia a escuelas privadas sufrieron derrotas sonadas en las elecciones de noviembre, por ejemplo en Nebraska, Kentucky y Colorado.

Pero la victoria de Trump se ve como un impulso para esos esfuerzos, que en años recientes han ganado mucha popularidad. Una docena de estados, casi todos republicanos, tienen programas que permiten a cualquier estudiante solicitar fondos gubernamentales para educación privada, lo que incluye escuelas religiosas.

Con Trump en el cargo, los estados podrían ver más incentivos como subvenciones globales o beneficios fiscales para adoptar o expandir modelos como los subsidios a la matrícula escolar privada para familias. Por ejemplo, se espera que Texas impulse las opciones de elección escolar, después de que varios defensores de esos subsidios ganaran escaños parlamentarios.

Muchos estados conservadores también defienden la incorporación del cristianismo en la educación pública, desde preescolar a secundaria, a través de medidas como requerir que las escuelas enseñen la Biblia y expongan los Diez Mandamientos. Trump ha prometido promover la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas, y los tribunales actuales son más receptivos a incorporar la religión en la esfera pública, incluidas las escuelas.

En Texas, los funcionarios aprobaron en noviembre un programa académico que entrelaza las clases de lenguaje con lecciones bíblicas, y el superintendente de educación del estado en Oklahoma quiere requerir lecciones relacionadas con la Biblia.

DIVERSIDAD

Se espera que los esfuerzos para poner fin a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, o DEI, se expandan en estados liderados por republicanos durante el gobierno de Trump, quien ha prometido deshacerse de lo que percibe como una visión demasiado progresista en la educación.

Más instituciones de educación superior pueden unirse a las filas de aquellas que ya están desmantelando oficinas de diversidad en estados como Florida, Kentucky, Carolina del Norte, Iowa, Missouri, Nebraska y Texas.

También es probable que fiscalías y congresos en estados republicanos presionen al sector privado para que reduzca las iniciativas de DEI. Una ley de Tennessee proporciona un modelo, al prohibir que las instituciones financieras tengan en cuenta la participación de un cliente en “capacitación de diversidad, equidad e inclusión”.

CUESTIONES TRANSGÉNERO

Se espera que los legisladores republicanos sigan presionando para restringir los derechos de las personas transgénero, en especial de menores transgénero.

En Texas se han propuesto más de 30 proyectos de ley de este tipo. Aunque Texas y otros estados tienen prohibiciones sobre los tratamientos de confirmación de género para menores transgénero, hay peticiones de que se vaya más allá, con medidas como prohibir que Medicaid y otros programas gubernamentales financiados por el estado gasten en tratamientos de confirmación de género para personas de cualquier edad.

En su campaña el año pasado, Trump se inclinó por los ataques a los derechos transgénero, lo que apuntaba a un cambio inminente en la política federal.

El futuro de algunas de estas medidas podría depender de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos esperado para este año sobre si Tennessee tenía derecho a prohibir los tratamientos de confirmación de género para menores transgénero.

La mayoría de los estados controlados por republicanos ya tienen leyes que prohíben o limitan los tratamientos de confirmación de género para menores y la participación en deportes femeninos y de niñas para mujeres y niñas transgénero. Varios también dictan qué baños escolares pueden usar las personas transgénero.

SALUD PÚBLICA

Con una presidencia entrante que ha indicado que el flúor y las vacunas podrían estar en su punto de mira, legisladores en algunos estados han presentado proyectos de ley que pondrían fin a los programas de fluoración y restringirían aún más las medidas contra el COVID-19.

El nominado a secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., un abogado sin títulos médicos o de salud pública, ha descrito el flúor como un “desecho industrial” y dijo en una publicación del 2 de noviembre en X que el gobierno de Trump “aconsejaría a todos los sistemas de agua de Estados Unidos” que dejen de poner flúor en el agua.

La adición de niveles bajos de flúor al agua potable se considera desde hace mucho tiempo como uno de los mayores logros de salud pública del último siglo porque previene la caries dental.

Legisladores de Arkansas han presentado proyectos de ley para derogar un programa estatal de fluoración y permitir que los sistemas públicos de agua locales celebren elecciones para que los residentes decidan si quieren poner flúor en el agua.

Montana también tiene un proyecto de ley propuesto para “prohibir el uso de flúor”, aunque el texto completo del proyecto de ley aún no está disponible.

Las leyes y mandatos de vacunación también están en juego en los gobiernos estatales. Alabama podría considerar cambiar sus leyes de vacunación para requerir el consentimiento de los padres para que cualquier vacuna se administre a un menor de 14 años o más.

Actualmente, los niños de esa edad pueden decidir si quieren servicios médicos. Wyoming tiene un proyecto de ley que impondría una multa civil de hasta $5,000 a un negocio o entidad que reciba dinero estatal o federal si se descubre que discrimina según si alguien lleva mascarilla, ha recibido una vacuna contra el COVID-19 o se ha hecho una prueba de COVID-19.

No está claro si estos u otros proyectos de ley saldrán adelante.

Esta medida cuenta con el apoyo de 26 gobernadores republicanos, como los de Texas, Florida, Georgia, Nevada, Utah y Virginia. Los gobernantes se comprometieron en una declaración conjunta a “utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, ya sea a través de la policía estatal o de la Guardia Nacional, para apoyar al presidente Trump en esta misión vital”.

Sin embargo, aún no está claro cómo se usará la Guardia Nacional en el plan de Trump de deportaciones masivas.

Telemundo San Antonio habló con Gerónimo Cortina, profesor de Ciencias Políticas, quien dijo que “esto muestra cierta unidad y apoyo de gobernadores en cuanto a las deportaciones. Obviamente los gobernadores pueden disponer de la Guardia Nacional y esto hace que se pueda ampliar esta política de deportaciones que tiene el presidente (electo) Trump”.

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Por su parte, algunos gobernadores demócratas están dispuestos a cooperar en la deportación de delincuentes, pero no en el uso de la Guardia Nacional para realizar redadas generalizadas, de acuerdo con The Associated Press.

En su cuenta de Truth Social en noviembre de 2024, Trump respondió “VERDAD!!!” a una publicación del presidente de un grupo conservador que afirmaba que el gobierno entrante “declararía una emergencia nacional y usaría elementos militares” en su plan de deportaciones.

De acuerdo con el Comando Norte de EEUU, el Departamento de Defensa tiene largo historial apoyando actividades de seguridad fronteriza de las agencias de aplicación de la ley, como en actividades antidrogas y contra el crimen organizado.

“Las tareas que desempeña el personal militar incluyen la detección y el monitoreo, la logística y el apoyo de transporte que mejoran la capacidad de CBP para impedir o denegar los cruces ilegales”, agrega en su sitio web.

Hasta 4,000 militares estarían autorizados para apoyar a lo largo de la frontera suroeste, según Comando Norte.

Pese a esto, el uso federal de la Guardia Nacional en deportaciones masivas pudiera enfrentar batallas legales, debido a que la ley Posse Comitatus prohíbe a las tropas militares participar en el ejercicio de leyes civiles.

El Centro Brennan para Justicia explica que “los miembros de la Guardia Nacional rara vez están cubiertos por la ley Posse Comitatus porque generalmente dependen del gobernador de su estado o territorio. Eso significa que tienen libertad de participar en la aplicación de la ley si hacerlo es compatible con la ley estatal”.

El centro añade que la principal excepción legal a la Ley Posse Comitatus es la Ley de Insurrección, la cual permite al presidente federalizar las fuerzas de la Guardia Nacional y desplegarlas, junto con las fuerzas armadas en servicio activo, en cualquier lugar del país.

Según el profesor Cortina, Trump habla en serio aunque asegura que el plan de deportar 11 millones de indocumentados sería costoso y complicado.

Entre los gobernadores que firmaron la declaración de apoyo a Trump con las deportaciones, figura Greg Abbott, el gobernador de Texas, quien no descartó que se separen familias.

“Si una familia es detenida junta, podrán ser deportados juntos. Será su decisión si quieren ser separados. Será una decisión de la familia”, dijo Abbott.

Estas palabras resuenan con fuerza en inmigrantes como Araceli, a quien no es identificada por temor. La mujer dijo que sabe de primera mano lo que es una separación familiar, ya que su nuera y dos nietas de ocho y cuatro años fueron separadas.

“Solo me quedan sus juguetes, los dibujos que hacían. Fue la peor Navidad. ¿Qué vamos a celebrar?”.

Por su parte, el profesor de Ciencias Políticas aseguró que no solo los republicanos ordenan deportaciones.

“Nada más tenemos que las estadísticas de (Joe) Biden, rompió casi todos los récord de deportaciones. Es una tendencia que hemos visto desde (Barack) Obama. No es un hecho inaudito, no es solo de los republicanos sino que también los demócratas cuando han ocupado la Casa Blanca, han deportado a millones de personas también”, agregó.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Los republicanos del Senado, que recientemente han logrado la mayoría, han hecho de la llamada Ley Laken Riley —que lleva el nombre de un estudiante de Georgia que fue asesinado el año pasado por un hombre venezolano— una prioridad máxima, lo que podría convertirla en la primera ley que Trump firme como presidente.

El viernes, superó un obstáculo de procedimiento clave por 61 a 35, con 10 demócratas votando con los republicanos para avanzar a una votación final. El Senado podría votar sobre ella tan pronto como el lunes, pero la Cámara también tendrá que abordar los cambios realizados al proyecto de ley.

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Los demócratas, que el año pasado permitieron que una legislación similar languideciera, inicialmente apoyaron la apertura del debate sobre el proyecto de ley, lo que indica una nueva disposición a considerar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal después de sus derrotas electorales. Sin embargo, la mayoría votó en contra de llevar el proyecto de ley a votación final después de no poder hacer cambios significativos a la legislación.

“El pueblo estadounidense está preocupado, con razón, por la crisis de inmigración ilegal en este país, y envió un mensaje claro en noviembre de que quiere que se aborde”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, un republicano de Dakota del Sur, quien describió el proyecto de ley como “el primero de muchos” sobre el tema.

En los primeros días del nuevo Congreso, los republicanos han desafiado a los demócratas a que se unan a ellos en sus esfuerzos por restringir la inmigración ilegal y deportar a los inmigrantes vinculados a delitos. En varios casos, lo han hecho. La mayoría de los demócratas del Senado votaron a favor de aprobar la Ley Laken Riley la semana pasada, mientras negociaban cambios en el proyecto de ley.

En la Cámara de Representantes, todos los republicanos, así como 48 demócratas, votaron a favor de aprobar una versión similar del proyecto de ley este mes. Y esta semana, 61 demócratas también votaron a favor de un proyecto de ley independiente para exigir la deportación y bloquear la entrada a EEUU de ciudadanos extranjeros que sean condenados por abuso físico o sexual.

Las votaciones han dado a los republicanos algunas victorias tempranas, ya que disfrutan de una tripleta de poder en la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, aunque los proyectos de ley en su mayoría han replanteado políticas en las que las autoridades federales ya tienen discreción para actuar.

Una vez que Trump asuma el cargo e intente poner en marcha operaciones de deportación a gran escala, los republicanos del Congreso se enfrentarán a una intensa presión para financiar sus prioridades y, al mismo tiempo, equilibrar sus promesas de controlar los déficits presupuestarios y las preocupaciones sobre el impacto económico y humanitario de las deportaciones masivas.

La Ley Laken Riley no prevé nuevos fondos para los funcionarios de inmigración, pero el personal demócrata del Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado estima que el proyecto de ley costaría $83,000 millones de dólares en los próximos tres años, según un memorando obtenido por The Associated Press.

Los republicanos rechazaron esa cifra. Al mismo tiempo, están debatiendo cómo aprobar un importante paquete de financiación a través de un proceso conocido como reconciliación que permitiría a la administración Trump gastar hasta $100,000 millones de dólares en la aplicación de las leyes fronterizas y de inmigración.

Mientras tanto, los demócratas están buscando un camino a seguir en su enfoque de la inmigración. El partido está dividido entre los que ahora priorizan las restricciones a la inmigración ilegal y los que sostienen que el partido también debería defender la ayuda a los inmigrantes que ya están aquí o que buscan alivio de la violencia o la persecución en sus países de origen.

“Los demócratas queremos ver que se arregle nuestro roto sistema de inmigración”, dijo el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, que apoyó las negociaciones sobre el proyecto de ley pero votó en contra de su avance el viernes.

Señaló que los demócratas trabajaron con los republicanos en un proyecto de ley más amplio el año pasado que habría restringido el proceso de asilo. Esa legislación fue rechazada por los republicanos después de que Trump se manifestara en contra de ella, pero Schumer dijo que todavía estaría “listo” para trabajar con el Partido Republicano en materia de seguridad fronteriza e inmigración.

“Creo que tenemos que demostrar que somos el único partido que se toma en serio la seguridad fronteriza”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut.

Murphy criticó la Ley Laken Riley porque obligaría a las autoridades de inmigración a dar prioridad a la detención de inmigrantes acusados ​​o condenados por delitos como el hurto en tiendas, pero potencialmente obligaría a las autoridades a liberar a otros condenados por delitos más graves. Murphy dijo que simplemente “haría que el sistema fuera más complicado y más caótico”.

La legislación, así como el nombre de Riley, se convirtieron en un grito de guerra para los republicanos el año pasado, cuando destacaron el manejo de la frontera por parte del presidente Joe Biden. Riley, una estudiante de enfermería de Georgia, fue asesinada en febrero, y José Ibarra, un venezolano que entró ilegalmente al país y se le permitió quedarse para seguir con su caso de inmigración, fue condenado por su asesinato.

Los republicanos del Senado ampliaron esta semana el proyecto de ley para apuntar también a los inmigrantes que agredan a un agente de policía o sean acusados ​​de delitos que maten o hieren gravemente a alguien.

Trump en la campaña planteó repetidamente la cuestión de los delitos cometidos por inmigrantes, pero no hay evidencia de que los inmigrantes sean más propensos a los delitos violentos. Varios estudios han demostrado que los inmigrantes cometen menos delitos que los nacidos en Estados Unidos. Los grupos que abogan por políticas de inmigración restrictivas cuestionan o desestiman esos hallazgos.

En última instancia, los expertos en inmigración dijeron que los efectos más duraderos de la legislación podrían ser la disposición que otorga legitimidad legal a los fiscales generales estatales para demandar al gobierno federal por los daños causados ​​por las políticas federales de inmigración.

Eso les da a los estados un nuevo poder para establecer políticas de inmigración cuando ya han estado tratando de oponerse a decisiones presidenciales bajo las administraciones de Trump y Biden. Los demócratas presionaron sin éxito para que se eliminara esa disposición del proyecto de ley, diciendo que podría abrir la puerta a cambios importantes en la política federal.

“Tenemos un sistema de inmigración realmente abrumado y sobrecargado tal como está y los litigios adicionales solo agregan caos”, dijo Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de políticas del Migration Policy Institute.

Los oficiales de inmigración rodearon y esposaron a un hombre de 23 años de Ecuador que había sido condenado por agredir sexualmente a un menor.

Kenneth Genalo, jefe de Operaciones de Cumplimiento y Remoción para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Nueva York (ICE), dijo que un concepto popular pero erróneo es que los oficiales pueden irrumpir en una comunidad y recoger a un amplio grupo de personas que están en Estados Unidos ilegalmente y enviarlas a sus países de origen.

“Se llama cumplimiento dirigido”, dijo Genalo. “No agarramos a las personas y luego las llevamos a JFK para ponerlas en un avión”.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, hay un intenso interés en cómo el republicano llevará a cabo su agenda de inmigración, incluida una promesa de campaña de deportaciones masivas. Sus prioridades podrían enfrentarse a las realidades de los agentes de inmigración, incluida la unidad en Nueva York que ofreció a The Associated Press un vistazo a sus operaciones: El número de personas ya en sus listas supera el número de oficiales disponibles para hacer el trabajo.

El gobierno del presidente Joe Biden había limitado las prioridades de deportación a amenazas a la seguridad pública y recientes infiltrados en la frontera. El próximo “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, dice que el nuevo gobierno también priorizará a aquellos que representan un riesgo, como los criminales, antes de pasar a los inmigrantes a quienes los tribunales han ordenado expulsar de Estados Unidos.

Pero Homan también ha señalado que la aplicación podría ser más amplia: “Si estás en el país ilegalmente tienes un problema”, dijo recientemente en el canal Merit TV de Dr. Phil.

Es una tarea ardua.

Las órdenes de deportación superan al personal disponible

Cerca de 1.4 millones de personas tienen órdenes finales de remoción, mientras que aproximadamente 660,000 bajo supervisión de inmigración han sido condenadas por delitos o enfrentan cargos. Pero solo 6,000 oficiales dentro de ICE están encargados de monitorear a los no ciudadanos en el país y luego encontrar y remover a aquellos que no son elegibles para quedarse.

Esos números han permanecido en gran medida estáticos mientras que su carga de trabajo se ha cuadruplicado aproximadamente en la última década a 7.6 millones. Cerca del 10% de esa fuerza laboral fue retirada de sus deberes regulares el año pasado para ir a la frontera en momentos en que la inmigración se disparó.

Jason Houser, jefe de personal de ICE anteriormente en la administración de Biden, dijo que el número de oficiales necesarios para perseguir a aquellos considerados una amenaza para la seguridad pública está en directa contradicción con el objetivo de deportar a gran cantidad de personas.

“No vas a poder hacer ambas cosas con los recursos que tienes, con los oficiales de deportación que tienes”, dijo Houser. “Es cuestión de matemática simple, de la cantidad de tiempo que toman esos arrestos. Abrumará cualquier capacidad para llegar a esos números a gran escala”.

Genalo dijo que los oficiales a cargo de casos individuales tienen que obtener los datos correctos, asegurarse de tener la autoridad legal para arrestar a la persona y luego encontrarla. Generalmente no se les permite entrar a una residencia, por lo que quieren atrapar a las personas afuera.

Cómo funcionan las remociones de personas

En esta operación reciente, cerca de una docena de oficiales se reunieron antes de las 5 de la madrugada en un estacionamiento de White Castle en el Bronx. Después de ponerse su armadura corporal y revisar su equipo, se reunieron para una sesión informativa.

Además del hombre ecuatoriano de 23 años, iban tras un hombre mexicano de 36 años condenado por tocar a una joven y otro ecuatoriano también condenado por abuso sexual de un menor.

El primer objetivo, el hombre de 23 años, que se declaró culpable de violar a una chica de 14 años, generalmente salía del edificio de apartamentos alrededor de las 7 o 7:30 de la mañana. A veces estaba con una mujer y un niño.

“La luz se encendió en el primer piso del apartamento”, dijo un oficial que esperaba afuera por la radio. Luego más tarde: “Alguien salió del sótano, pero no era el que buscábamos”.

Finalmente lo vieron, lo barrieron hacia la parte trasera de un vehículo y rápidamente dejaron el vecindario.

Dentro, la esposa del hombre, de 22 años, no supo qué había pasado hasta que él llamó más tarde desde la detención.

En una entrevista, ella dijo que se conocieron en Ecuador y tenían una hija —una niña de 3 años alegre con trenzas— y ella estaba embarazada de su segundo hijo. Él trabajaba en construcción mientras ella era manicurista.

Ella dijo que sabía por qué su esposo había sido arrestado pero sentía que había factores atenuantes importantes. Dijo que sabían que era posible que su esposo pudiera ser enviado de vuelta a Ecuador después de que su caso criminal concluyera, pero que aún así fue un shock.

ICE deportó a más de 270:000 personas durante un período reciente de 12 meses, la cifra anual más alta en una década, dijo la agencia en un informe reciente. Pero también dijo que hizo menos arrestos de no ciudadanos, en parte debido a la demanda de enviar personal a la frontera. De los arrestados, una mayor proporción tenía historiales criminales graves.

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Trabajando con las agencias locales de la ley

Algunas ciudades y estados trabajan con ICE para entregar a personas en su custodia que no son ciudadanos estadounidenses.

Pero muchos estados y ciudades de tendencia izquierdista tienen políticas de santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ICE solía tener una oficina en la cárcel para tomar fácilmente la custodia de no ciudadanos. En 2014, el entonces alcalde Bill de Blasio firmó una legislación que expulsó a ICE y restringió la cooperación policial.

Su sucesor, Eric Adams, ha mostrado disposición para revisar algunas de esas políticas. Recientemente se reunió con Homan y dijo a los periodistas que estaban de acuerdo en perseguir a las personas que cometen delitos violentos.

Genalo dijo que los agentes invierten tiempo y recursos recogiendo a inmigrantes que pocos dirían que tienen derecho a permanecer en el país.

“¿Cómo puedes afirmar que las políticas de santuario ayudan a la comunidad cuando estás liberando a todos estos criminales de vuelta en la comunidad?”, dijo. “Estamos más seguros cuando colaboramos”.

La falta de personal también es un problema. Dijo que se supone que debe tener unos 325 oficiales, pero en los últimos años, el número ha sido aproximadamente un 30% más bajo.

Muchos defensores de la inmigración tienen preocupaciones sobre las tácticas de ICE, y esas preocupaciones se están profundizando con el regreso de Trump al cargo en enero.

Los defensores dicen que la posición de el gobierno entrante de ir tras las amenazas a la seguridad pública ya es una política establecida. Están en contra de la retórica que, según dicen, pinta a los inmigrantes como personas a temer. Dicen que puede haber matices en algunos casos: quizás alguien cometió un delito hace mucho tiempo y ha sido rehabilitado, o alguien que enfrenta una orden final de remoción se mudó y nunca recibió la notificación.

Durante el primer mandato de Trump, hubo muchos “arrestos colaterales” donde los oficiales de inmigración detenían a otros además de los que estaban siendo buscados, dijo Jehan Laner, abogada principal del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Eso desestabiliza a las comunidades, dijo, agregando: “Los vimos ir tras todos”.

Genalo dijo que no podía comentar sobre los planes del gobierno entrante, pero enfatizó que los oficiales están yendo tras objetivos específicos con historiales criminales. Dijo que tiene un expediente de unas 58,000 personas que tienen condenas penales o cargos pendientes.

“Estoy bastante seguro de que vamos a estar ocupados por un tiempo lidiando con la población criminal”, dijo Genalo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

El regla, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitirá a los oficiales negar incluso una entrevista de miedo creíble y permitirle al aplicante defenderse.

“La regla tiene como objetivo mejorar la flexibilidad operativa y ayudar al DHS a expulsar más rápidamente a ciertos no ciudadanos a quienes se les prohíbe el asilo y la suspensión legal de expulsión”, indicó la agencia en un registro federal.

La regla entra en vigor el 17 de enero de 2025.

Inmigración y tus derechos 17 Dic, 2024

Plan de emergencia para inmigrantes: qué documentos tener ante posible deportación masiva

Hasta el momento, los solicitantes de asilo tenían una entrevista y al final de ella, se decidía si la persona calificaba basado en su historial o se enviaba el caso a un juez de inmigración, explicó la abogada Silvia Mintz.

Según ella, la nueva norma podría causar controversia porque muchas veces la evidencia utilizada para negar una solicitud viene de países en conflicto o cuyos sistemas son controlados por regímenes totalitarios y si es manipulada o alterada, el inmigrante no tendría la oportunidad de demostrar lo contrario, simplemente recibiendo una puerta cerrada como respuesta. 

Si durante una entrevista de inmigración, el oficial le pide firmar una declaración jurada, Mintz recomienda que le pregunte al agente si la firma es obligatoria u opcional, y que en general, evite colocar su firma en formularios que no haya leído.

Según la abogada, no hay muchas opciones para el migrante, salvo -afirma- esperar que se flexibilicen las medidas migratorias de Estados Unidos o buscar otros países con un sistema migratorio más amable.

Adelanta que desde el próximo año, los procesos migratorios puedan complicarse aún más.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Entre 2023 y 2024 la población en Estados Unidos aumentó casi un 1%, un porcentaje que refleja “el crecimiento poblacional anual más rápido que la nación ha visto desde 2001” y el cual “fue impulsado principalmente por la creciente migración internacional neta”.

La tasa de este año está muy por encima del récord a la baja de 2021, en plena pandemia de COVID-19 y cuando el aumento poblacional solo fue del 0.2%, agregó la Oficina del Censo.

Del crecimiento total anual en 2024 de 3.3 millones de habitantes en el país, 2.8 millones (el 84%) corresponde a los nuevos residentes provenientes del extranjero. Esta cifra refleja “una tendencia constante de aumento de la migración internacional”, según la Oficina del Censo, que recuerda los 2.3 millones de nuevos residentes en 2023 y los 1.7 millones en 2021.

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Abogado experto en leyes migratorias explica qué hacer si ICE toca tu puerta

El aumento de inmigrantes de 2024 se debe en parte a los cambios aplicados por la Oficina del Censo en la tabulación de la migración internacional, y que entre otros aspectos toma en cuenta a los admitidos en el país por razones humanitarias.

El reporte del jueves da cuenta además de que entre 2023 y 2024 los nacimientos superaron en número a las muertes en Estados Unidos en casi 519,000, igualmente una mejora respecto al mínimo histórico de 146,000 registrado en 2021, pero aún muy por debajo de los máximos de décadas anteriores.

“Lo que destaca es el papel cada vez menor del crecimiento natural en los últimos cinco años, a medida que la migración internacional neta se ha convertido en el principal motor del crecimiento de la nación”, dijo en un comunicado Kristie Wilder, demógrafa de la División de Población de la Oficina del Censo.

Los estados del sur han sido los de mayor crecimiento poblacional, al registrar un aumento de 1.8 millones (1.4%) entre 2023 y 2024, de los cuales 1.1 millones corresponden a la inmigración internacional.

Texas y Florida tienen los incrementos más numerosos, de 562,941 y 467,347 personas, respectivamente.

Incluso con el proyecto de resolución continua de gastos presentado esta semana en el Congreso, ICE seguirá enfrentándose a un déficit de financiación, según los funcionarios, porque sus operaciones -incluidas la detención y deportación de inmigrantes a los niveles actuales- superan el presupuesto anual de $8,700 millones que le asigna actualmente el Congreso. La resolución de continuidad, que se espera sea aprobada esta semana, prorrogará los niveles actuales de financiación, incluida la financiación de ICE, hasta el 14 de marzo.

“Nos estamos quedando cortos”, dijeron los dos funcionarios, que hablaron por separado. Atribuyeron el déficit a la escasez histórica de fondos de la agencia y a la creciente necesidad de ICE de expulsar a los inmigrantes que no cumplen los requisitos para obtener asilo, un número que ha aumentado desde junio, cuando la administración Biden cambió la política de asilo.

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Deportaciones masivas de Trump: qué se sabe del polémico plan

El déficit presupuestario de ICE podría obligar a Trump a retrasar sus planes de reforzar el organismo y aumentar las deportaciones en el primer día de su presidencia.

El Consejo Americano de Inmigración, un grupo de investigación y defensa pro-inmigración, estima que el plan de Trump para las deportaciones masivas costará más de $88,000 millones. El propio Trump dijo a Kristen Welker de NBC News a principios de este mes que “no hay precio” cuando se trata de llevar a cabo su plan de deportación masiva.

El Congreso sólo tiene dos vías para asignar más fondos a ICE a corto plazo sin una petición suplementaria de emergencia de la Casa Blanca. En enero, cuando los republicanos tengan el control de la Casa Blanca y el Senado y un control limitado de la Cámara de Representantes, las negociaciones sobre los niveles de gasto del próximo año comenzarán en serio.

Los republicanos podrían asignar fondos adicionales a ICE como parte del próximo paquete de gastos del Gobierno, pero ello exigiría llegar a un compromiso con los demócratas, que casi con toda seguridad tendrán que aportar votos para aprobar cualquier proyecto de ley por el procedimiento ordinario.

Los republicanos también han debatido aumentar los fondos para ICE utilizando la reconciliación presupuestaria, una herramienta de procedimiento poco clara que permite a la mayoría eludir el umbral obligatorio de 60 votos para aprobar leyes relacionadas con la financiación. Pero el esfuerzo ya se está encontrando con la resistencia de algunos en el partido que quieren guardar su capital político para extender los recortes de impuestos de Trump de 2017 más adelante en el año.

Ambas estrategias tardarán algún tiempo en imponerse en ambas cámaras del Congreso, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se enfrenta a una mayoría aún más reducida en el nuevo año. Y las luchas internas harán que el plan de Trump de comenzar a llevar a cabo deportaciones masivas el primer día de su presidencia sea aún más difícil.

Los dos funcionarios también dijeron que creen que el ICE ha estado históricamente mal financiado para su amplia misión. En junio, el director de ICE, P.J. Lechleitner, declaró a NBC News que hay casi 8 millones de inmigrantes en los expedientes del ICE, lo que supone un funcionario del ICE por cada 7,000 casos. Dijo que la proporción “no era buena”, y otros dentro de ICE han dicho que es imposible que los agentes controlen el paradero de todos los inmigrantes dentro del país.

“Estamos crónicamente faltos de recursos y necesitamos más fondos”, dijo Lechleitner en ese momento.

En febrero, la agencia dijo que podría tener que considerar la liberación de migrantes si no obtenía más fondos para camas de detención tras el récord de cruces fronterizos de 2023. El proyecto de ley de fronteras negociado por un grupo bipartidista de senadores a principios de este año pedía $9,500 millones y la solicitud presupuestaria de la administración Biden para el año fiscal 2025 pedía $9,300 millones para la agencia, pero esos niveles aún no se han aprobado en el Congreso a pesar de que los republicanos han pedido a la administración que aumente la aplicación de las leyes de inmigración.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Julia Ainsley y Julie Tsirkin para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Y recientemente, se dio a conocer en qué ciudad empezará su plan de deportaciones masivas de indocumentados y a partir de cuándo.

A continuación, les compartimos detalles de lo que se sabe de su plan una vez tome posesión el 20 de enero.

¿Dónde y cuándo empezarían las deportaciones masivas?

Será en Chicago y la fecha cero del controversial plan será el 21 de enero, según anunció el mismo Tom Homan, quien fue elegido por Trump para el cargo de “zar” de la frontera.

Esto será solo horas después de que tome posesión Trump en su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca, en el que prometió una guerra sin precedentes contra la migración ilegal en Estados Unidos.

“Quiero llevar a cabo la mayor operación de deportación que este país jamas haya visto, todo comenzará el 21 de enero. Vamos a empezar aquí mismo en Chicago, Illinois. Si su alcalde de Chicago no quiere ayudar, puede hacerse a un lado”, dijo Homan en una visita a La Ciudad de los Vientos en la que hizo las polémicas y preocupantes declaraciones.

Homan advirtió ante la multitud que asistía al evento que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas inglés) estarán en Chicago cuando el presidente electo Trump asuma el cargo.

“El 21 de enero, habrá muchos agentes del ICE en su ciudad buscando criminales y pandilleros (…) “Cuenten con ello. Sucederá”, advirtió.

En una entrevista exclusiva con Kristin Welker en Meet the Press, Trump detalló que el programa comenzará con los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos y luego avanzará a “personas que no sean criminales”. No detalló qué delitos se incluirían.

“Creo que hay que hacerlo”, dijo Trump sobre su esfuerzo de deportación. “Es algo muy difícil de hacer. Es… pero hay que tener, ya sabes, reglas, regulaciones, leyes. Entraron ilegalmente. Ya sabes, las personas que han sido tratadas de manera muy injusta son las personas que han estado en línea durante 10 años para ingresar al país”.

“Tenemos que sacar a los criminales de nuestro país”, dijo Trump, y luego agregó: “Pero estamos empezando con los criminales, y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con otros, y veremos cómo va”.

¿Quiénes serían los más vulnerables a estas deportaciones masivas?

De acuerdo con un reportaje de Fernando Girón de nuestra estación hermana Telemundo 51 en Miami, los inmigrantes de México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador podrían estar en mayor riesgo si se concreta la deportación masiva, ya que aunque ahora existen varios programas que les dan estatus legal, como el “Parole Humanitario”, el estatus de protección temporal (TPS) o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), estos podrían ser eliminados, dejando a millones de personas en un limbo migratorio.

“Hay medio millón de jóvenes que tienen DACA hoy. Se sospecha que pueden haber 1.6 millones de jóvenes que calificaron para DACA”, indica Allen. “DACA trataron de eliminarla anteriormente; la pueden eliminar ahora. Otro medio millón de personas están en peligro”.

En una entrevista con “Meet the Press”, Trump dijo el domingo que trabajará con los demócratas en un plan para “hacer algo con los dreamers“, sin dar mayores detalles.

“La gente no tiene que decir de dónde es, su origen ni su estatus migratorio, ni al policía ni a la inmigración. Diga su nombre solamente. No mienta, pero no diga más”, recomendó Artemio Arreola, de la organización ICIRR.

Video: Trump insiste en las deportaciones pero está a favor de los dreamers

¿Separarían a familias?

En la entrevista en exclusiva con Welker en Meet the Press, Trump también describió escenarios en los que los ciudadanos estadounidenses pueden optar por ser deportados junto con miembros de su familia que se encuentran en el país ilegalmente. Sus comentarios se hicieron eco de Tom Homan, su elección para servir como zar de la frontera en el próxima gobierno, al decir que deportará juntas a las familias con estatus migratorio mixto.

“Déjeme preguntarle sobre otro grupo de personas, los aproximadamente 4 millones de familias en Estados Unidos que tienen un estatus migratorio mixto. Entonces, estoy hablando de padres que pueden estar aquí ilegalmente”, dijo Welker, “pero los niños están aquí legalmente”.

“No quiero separar a las familias”, dijo Trump. “Así que la única forma de no separar a la familia es mantenerla unida y enviarlos a todos de regreso”.

Welker también preguntó sobre la política de tolerancia cero durante el primer mandato de Trump, donde las familias serían separadas en la frontera como un medio de disuasión para aquellos que eligieran ingresar a EEUU ilegalmente. Trump finalmente puso fin a la práctica.

“No tenemos que separar a las familias”, dijo Trump. “Enviaremos a toda la familia de manera muy humana, de regreso al país de donde vinieron”.

“¿Entonces no más separaciones familiares?”, preguntó Welker. “¿No están reviviendo la política de tolerancia cero?”

“Depende de la familia”, dijo Trump, y agregó más tarde: “Si vienen aquí ilegalmente pero su familia está aquí legalmente, entonces la familia tiene una opción. La persona que entró ilegalmente puede salir, o pueden salir todos juntos”.

“Las familias deben prepararse ahora. Mantengan documentos importantes como actas de nacimiento y matrimonios accesibles. Conozcan sus derechos e infórmense”, dijo Salvador Cicero, abogado de inmigración.

Uso de las las Fuerzas Armadas para deportar a migrantes indocumentados

Trump confirmó el 18 de noviembre que utilizará a las Fuerzas Armadas e invocará una figura conocida como emergencia nacional, que otorga al mandatario poderes extraordinarios, con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados.

Trump confirmó sus planes a través de la red social Truth Social, en la que reaccionó con un “¡CIERTO!” a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien este mes había asegurado que la nueva Administración estaba planeando “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para llevar a cabo las deportaciones.

La campaña de Trump no ha ofrecido públicamente detalles específicos sobre cómo se ejecutarán estas deportaciones, aunque esa fue una de sus principales promesas durante la campaña electoral.

Para implementar este plan, Trump tiene previsto recurrir a la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que otorga al presidente poderes extraordinarios y le permite esquivar al Congreso para implementar medidas ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Trump ya utilizó este recurso durante su primer mandato en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir miles de millones de dólares asignados al Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México, una medida que enfrentó múltiples demandas judiciales.

A lo largo de su campaña, Trump también prometió movilizar a reservistas de la Guardia Nacional para apoyar las deportaciones y sugirió incluso reubicar tropas estacionadas en el extranjero hacia la frontera sur de Estados Unidos para que aplicaran las leyes migratorias del país.

Estas medidas supondrían un cambio significativo en el papel que han desempeñado hasta ahora las Fuerzas Armadas, ya que la legislación estadounidense prohíbe estrictamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según detalla en su web el Brennan Center for Justice.

Video: Guardia Nacional de Indiana dice estar preparada para apoyar en deportaciones

¿Cuán viable es usar las Fuerzas Armadas para las deportaciones masivas?

“La idea de utilizar el Ejército domésticamente en Estados Unidos parece innecesario y, de hecho, podría ser inconstitucional e ilegal”, sostuvo el gobernador de Illinois, JB Pritzker.

Pero, ¿cuán posible es el hecho de que el presidente electo pueda utilizar las Fuerzas Armadas para realizar las deportaciones masivas?

“Esencialmente las Fuerzas Armadas son para lidear con problemas internacionales. No tiene nada que ver con el pueblo civil y, consecuentemente, el acto lo prohíbe. Ahora, eso no significa que él no va a tratar de aplicar la ley, pero legalmente, no se puede usar las Fuerzas Armadas en contra de ciudadanos civiles”, explicó Joseph Malouf, abogado constitucionalista.

Una deportación masiva sería costosa y complicada

El futuro gobierno de Trump dice que, como parte del plan, apuntar a deportar alrededor de 1 millón de personas indocumentadas al año. Tanto Trump como Homan ya habían advertido que en este nuevo mandato habrá “muchísimas más” deportaciones que en el primer gobierno del expresidente (2017-2020), y adelantó que impulsará con más fuerza las redadas en los lugares de trabajo.

Sin embargo, ¿cuánto dinero le costará al gobierno cumplir con el plan?

Las deportaciones masivas serían muy costosas, según explica Wilfredo “Willy” Allen, abogado de inmigración radicado en Miami, Florida.

El abogado explica que en el caso de Venezuela, no hay vuelos directos desde Estados Unidos y que entonces, se tendría que deportar a través de Panamá, Colombia o República Dominicana.

Otro país donde sería costoso deportar es Cuba. “Es muy costoso; son aviones de ICE y el número más alto de cubanos que han sido deportados en un vuelo, en un mes, ha sido 80. Es muy difícil deportar a Cuba; los vuelos de deportación que hay en la frontera hoy, el precio es altísimo”, añade.

Además, “tú no puedes [deportar] a México a colombianos, o un peruano o un ecuatoriano o un ucraniano, porque no tienen residencia o nexos con México”.

Las cifras preliminares y más modestas apuntan a que deportar en un solo operativo a más de 11 millones de personas costaría al país unos $315,000 millones, de acuerdo con un informe de la organización American Immigration Council.

Pero, la cifra es astronómicamente mayor “si las deportaciones se hacen anuales, a lo largo de 10.6 años (suponiendo una tasa de inflación anual del 2.5%) el costo sería de $967,900 millones“, agrega el reporte.

Además, un operativo de ese tamaño implica costos de traslados, jueces de inmigración, fiscales, personal administrativo y nuevos centros de detención, sólo por mencionar algunos.

“En definitiva, el costo para los contribuyentes ascendería a casi $1 billón”, dice el reporte.

Este es un vistazo de lo que puede esperarse serían algunos de los costos detallados de un proceso de deportación, de acuerdo con el informe de la organización American Immigration Council.

Video: ¿Deportaciones masivas? Cinco claves sobre la promesa de Trump

Costo de deportación de indocumentados

Un operativo de deportación masiva de más de 11 millones de personas indocumentadas, como prometió Trump durante su campaña y ha mantenido hasta ahora, costaría al menos $315,000 millones.

Si el gobierno efectúa un operativo de deportación masivo de una sola vez implicaría hacer los siguientes gastos:

• Gastos por arrestos: $89,300 millones
• Gastos por detenciones masivas: $167,800 millones
• Gastos por procesamiento legal: $34,100 millones
• Gastos por remoción: $24,100 millones

¿Cuánto costaría deportar a un millón de indocumentados por año?

Según la organización, de hacerse un operativo anual de deportación de un millón de indocumentados costaría a EEUU unos $88,000 millones.

“Se necesitarían más de diez años y la construcción de cientos a miles de nuevos centros de detención para arrestar, detener, procesar y deportar a los 13.3 millones de inmigrantes en cuestión, incluso suponiendo que el 20% de esa población se marchara voluntariamente durante cualquier esfuerzo de deportación masiva de varios años. El costo total en 10.6 años (suponiendo una tasa de inflación anual del 2.5%) sería de $967,900 millones”.

Algunos de los gastos que el Estado tendría que devengar para lograrlo son:

• Gastos promedio por arrestos de indocumentados por año: $7,000 millones
• Gastos promedio por detención de un millón de indocumentados: $66,000 millones
• Gastos promedios por procesamiento legal de un promedio de un millón de inmigrantes: $12,600 millones
• Gastos promedio para expulsar un millón de inmigrantes anualmente: $2.1 mil millones

¿A dónde llevarían a los deportados?

El gobierno de Donald Trump está preparando una lista de países a los que podrían deportar a los migrantes cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos. En este caso, podrían estar los inmigrantes de las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, entre otros.

Los planes podrían significar que miles o hasta cientos de miles de migrantes quedarían desplazados permanentemente en países en donde no conocen a ninguna de las personas ni el idioma y no tienen conexión con la cultura. 

No está claro si a los migrantes se les permitirá quedarse legalmente para trabajar y vivir en los países a los que sean deportados. Tampoco se sabe qué tipo de presión —económica o diplomática— está ejerciendo la transición de Trump sobre los países para lograr que acepten, o podría ejercer una vez que republicano tome posesión en enero.

Sin embargo, cabe mencionar que los migrantes que vienen de Venezuela, Cuba, China y otros países que se muestran reacios a aceptar de regreso a personas que han emigrado a Estados Unidos han sido un problema desde hace tiempo para las autoridades estadounidenses, a las que los tribunales federales les prohíben detenerlos indefinidamente. Como resultado, muchos migrantes de esos países terminan siendo liberados en Estados Unidos, incluso si un juez ha ordenado su deportación.

¿Cuánto costaría trasladar a indocumentados a sus países?

Immigration Council calcula que los costos de traslados de inmigrantes a sus países de origen implican miles de millones de dólares tanto por tierra como por aire. Aquí algunos de los costos que calculan:

• Costo de deportaciones de indocumentados en autobús sería $7,000 millones. Esto sólo implicaría a ciudadanos mexicanos y canadienses en EEUU, “los cuales se presumen pueden ser aproximadamente 4.8 millones presentes en 2022, además de otros 340,000 mexicanos liberados después de cruzar la frontera entre enero de 2023 y abril de 2024”.
• Los costos de deportaciones de indocumentados por avión serían de $17.1 mil millones en total

“Para los 8.5 millones de personas que estaban presentes en 2022 o que llegaron a través de la frontera sur después de ese punto y serían deportadas en avión, primero calculamos las horas de vuelo promedio necesarias para deportar a cada nacionalidad y luego generamos un costo por vuelo de deportación por nacionalidad”, según el informe.

¿Cuántos vuelos se necesitan para un plan de deportación masiva?

El reporte sobre deportaciones masivas de Immigration Council presume que se “requeriría más de 65,700 vuelos de deportación individuales, en comparación con un promedio de apenas 137.6 vuelos de deportación en el último año”.

Otro problema que implica deportaciones masivas es qué sucedería con los países que no aceptan vuelos procedentes de Estados Unidos como Venezuela, Cuba y China.

Una de las opciones que podría estar manejando el nuevo gobierno de Trump sería enviar a cientos de miles de inmigrantes deportados a países distintos a sus naciones de origen, según reportó NBC este jueves.

La organización proyecta que se necesitarían aumentar los vuelos de deportación en un 47,500%.

Video: ¿Acaso es legalmente viable el plan de Trump sobre las deportaciones masivas?

¿Cuánto personal y presupuesto se necesita para las deportaciones masivas?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cuenta con más de 8,700 empleados en su división de Investigación (HSI), en más de 230 oficinas en el país, según su página web.

“HSI tiene amplia autoridad legal para realizar investigaciones penales federales sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otro contrabando en todo Estados Unidos”, explica la organización.

Asimismo, la oficina de OPLA (el programa legal más grande del DHS), cuenta “con más de 1,300 abogados y casi 300 personas de apoyo con diversos antecedentes y perspectivas”.

¿Es suficiente este personal para este operativo masivo de deportación? Esto es lo que dice el reporte de Immigration Council:

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia (DOJ) tendría que contratar uno 181 jueces de inmigración por año “para procesar por completo 10.6 millones de casos en 11 años”, según estimaciones del reporte.

Además de esto, tendrían que ampliar la capacidad de salas de audiencias, cuya cifra a enero de 2024 eran de “601 salas de audiencias disponibles para sus 734 jueces de inmigración”.

Construir salas de audiencia en “tribunales de carpa”, podrían implicar el menos “143.3 millones de dólares para su funcionamiento anual, ajustado por inflación”.

Trump planea permitir arrestos de inmigrantes en iglesias, escuelas y hospitales

La administración entrante de Trump tiene la intención de rescindir una política de larga duración que ha impedido a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detener a inmigrantes en o cerca de los llamados lugares sensibles, como lugares religiosos, escuelas y hospitales o eventos como funerales, bodas y manifestaciones públicas sin la aprobación de los supervisores, según tres fuentes familiarizadas con el plan.

El presidente electo planea rescindir la política tan pronto como el primer día que esté en el cargo, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a discutir el cambio públicamente.

La política que impide a los agentes realizar detenciones en lugares sensibles sin aprobación comenzó en 2011 con un memorando enviado por el entonces director del ICE, John Morton, y continuó durante los primeros gobiernos de Trump y Biden. Su objetivo era permitir a los inmigrantes indocumentados operar libremente en ciertas áreas públicas con la idea de que hacerlo, en última instancia, no solo los beneficiará a ellos, sino a la comunidad en general.

En virtud de esta política, los agentes del ICE han estado autorizados a entrar en los lugares sensibles para efectuar detenciones en determinadas condiciones, entre ellas una cuestión de seguridad nacional o terrorista, la detención de un delincuente considerado peligroso, o si existía un riesgo inminente de muerte o daño físico a una persona o propiedad, o la preocupación de que se destruyeran pruebas en una investigación criminal.

Pero incluso cuando se daban esas circunstancias, los agentes tenían que obtener la aprobación de sus superiores para planificar una detención en un lugar sensible. También podían proceder a una detención en circunstancias apremiantes cuando consideraban que era necesaria una acción inmediata, pero tenían que consultar con sus superiores a posteriori.

Durante la primera administración de Trump, hubo al menos 63 arrestos planificados y cinco urgentes de ICE en o cerca de un lugar sensible, según los datos de ICE que cubren el período desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2020.

La idea de que Trump podría permitir a los agentes de ICE arrestar en cualquier lugar, incluso dentro de escuelas y lugares de culto, sin las limitaciones actuales comenzó a circular en el Proyecto 2025, una lista de propuestas políticas distribuidas por la Heritage Foundation antes de las elecciones.

Un exfuncionario del DHS dijo que el cambio de la política de lugares sensibles podría ser una buena noticia para algunos agentes que se han sentido obstaculizados por las restricciones sobre dónde pueden operar y sintieron que la política fue “abusada” por individuos buscados en el pasado.

Gobiernos locales, la clave para facilitar o frenar las deportaciones masivas de Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido “deportaciones masivas” de los migrantes indocumentados que viven en el país. El republicano ha indicado que, una vez en el poder, usará el poder federal -incluyendo una ley del siglo XVIII- para detener y deportar a los que están en el país.

Sin embargo, para llevar a cabo una operación al nivel de lo que ha previsto (ir detrás de las más de 11 millones de personas indocumentadas) necesitará apoyarse en los gobiernos y departamentos de policía locales y estatales.

La actitud de las distintas regiones frente a la migración, por lo tanto, será clave para frenar o acelerar sus planes, según expertos y activistas consultados por EFE.

Las organizaciones a favor de los derechos de los migrantes en diferentes estados del país ya se están preparando para enfrentar -y resistir -una segunda presidencia del republicano.

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Deportaciones masivas de inmigrantes: quiénes serían los más vulnerables y por qué

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

En un comunicado, el DHS dijo que los permisos de trabajo se extenderán automáticamente de 180 días hasta 540 días para ciertos inmigrantes que hayan aplicado a la renovación de este documento antes del 4 de mayo de 2022, ya sea que el proceso fue aprobado o esté en proceso todavía.

La extensión automática entrará en vigencia el 13 de enero de 2025.

La medida es parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para reducir las interrupciones en la contratación de inmigrantes autorizados, que en muchos casos debían abandonar sus puestos en espera a la renovación del permiso.

El departamento subrayó que la necesidad de esta extensión “es clara”, ya que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) ha recibido una cifra récord de solicitudes de permisos de trabajo este año.

“(La extensión automática) ayudará a eliminar la burocracia que agobia a los empleadores, a asegurar que cientos de miles de personas elegibles para empleo puedan continuar contribuyendo a nuestras comunidades”, expresó en el comunicado el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.

¿Quiénes son elegibles para la extensión automática?

Migrantes serán elegibles para la extensión automática si:

• Tu notificación de recibo (Formulario I-797C) tiene una “Fecha de Recibo” previa a la fecha de vencimiento indicada en la parte frontal de tu permiso actual de trabajo.
• Tu notificación de recibo (Formulario I-797C) tiene una fecha de recibo a partir del 4 de mayo de 2022 y en o antes del 30 de septiembre de 2025.
• Tu solicitud de renovación pertenece a una categoría que es elegible para una extensión automática y la categoría en tu permiso de trabajo actual coincide con la Categoría de Elegibilidad o Clase Solicitada en notificación de recibo (Formulario I-797C).

¿Cuáles son las categorías elegibles para las extensiones automáticas?

Activistas y defensores celebran el anuncio

Defensores de los inmigrantes como Todd Schulte, presidente de FWD.us, aplaudieron la medida.

El activista dijo en un comunicado que la extensión es un “alivio crucial” a cientos de miles de trabajadores inmigrantes y sus familias, protegiéndolos de perder el empleo y el acceso a las licencias de conducir debido a demoras en el procesamiento.

Por su parte, el abogado de inmigración Fernando Romo, asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), indicó a EFE que la extensión llega en un momento crucial, ya que el presidente electo, Donald Trump, y sus aliados, han criticado la extensión automática de los permisos de trabajo por largos periodos.

“Esto puede beneficiar a los inmigrantes que corren el riesgo de perder su permiso de trabajo bajo la nueva administración de Trump, y extiende el tiempo en que están protegidos contra una deportación”, agregó el abogado.

Esta es la medida más reciente tomada por la administración demócrata para ayudar a los inmigrantes autorizados.

Biden ha adoptado más medidas ejecutivas relacionadas con la inmigración (605) que Trump en su primer mandato (472), imponiendo un número récord en esa materia, según un informe difundido este martes por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

No obstante, Schulte dijo que el gobierno de Biden tiene una ventana de acción para “tomar medidas” como la redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciertos países.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Su plan no solo ha generado preocupación entre la comunidad de inmigrantes; también ha provocado una serie de dudas: ¿cómo se llevarían a cabo las deportaciones masivas? ¿Son legales? ¿El gobierno de Estados Unidos tendrá recursos para solventarlas? ¿Hay grupos más vulnerables que otros? ¿Dónde se verán los mayores impactos?

Aunque detalles del plan no han sido dados a conocer por el gobierno de Trump, esto es lo que sabemos al momento:

Inmigrantes de México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador podrían estar en mayor riesgo si se concreta la deportación masiva, ya que aunque ahora existen varios programas que les dan estatus legal, como el “Parole Humanitario”, el estatus de protección temporal (TPS) o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), estos podrían ser eliminados, dejando a millones de personas en un limbo migratorio.

“Hay medio millón de jóvenes que tienen DACA hoy. Se sospecha que pueden haber 1.6 millones de jóvenes que calificaron para DACA”, indica Allen. “DACA trataron de eliminarla anteriormente; la pueden eliminar ahora. Otro medio millón de personas están en peligro”.

En una entrevista con “Meet the Press”, Trump dijo el domingo que trabajará con los demócratas en un plan para “hacer algo con los dreamers“, sin dar mayores detalles.

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“Fueron traídos a este país hace muchos años”, comentó. “Algunos de ellos ya no son jóvenes, y en muchos casos han tenido éxito. Tienen excelentes trabajos. En algunos casos, tienen pequeñas empresas. En algunos casos, pueden tener grandes empresas, y vamos a tener que hacer algo con ellos”.

Además, el gobierno de Donald Trump está preparando una lista de países a los que podrían deportar a los migrantes cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos. En este caso, podrían estar los inmigrantes de las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, entre otros.

UNA DEPORTACIÓN MASIVA SERÍA COSTOSA Y COMPLICADA

Las deportaciones masivas serían muy costosas, según explica Wilfredo “Willy” Allen, abogado de inmigración radicado en Miami, Florida.

El abogado explica que en el caso de Venezuela, no hay vuelos directos desde Estados Unidos y que entonces, se tendría que deportar a través de Panamá, Colombia o República Dominicana.

Otro país donde sería costoso deportar es Cuba. “Es muy costoso; son aviones de ICE y el número más alto de cubanos que han sido deportados en un vuelo, en un mes, ha sido 80. Es muy difícil deportar a Cuba; los vuelos de deportación que hay en la frontera hoy, el precio es altísimo”, añade.

Además, “tú no puedes [deportar] a México a colombianos, o un peruano o un ecuatoriano o un ucraniano, porque no tienen residencia o nexos con México”.

¿QUÉ PASA CON LA FRONTERA CON MÉXICO?

“Sospecho que el impacto más grande del presidente electo va a ser en la frontera”, dice el abogado Allen.

“Mi temor más grande es para las personas que llevan meses esperando en la frontera por CBP One, un programa de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

“CBP One también es una acción ejecutiva; a lo mejor no la mata de un viaje, en enero, pero CBP One hoy permite entrevista de 1,450 personas diariamente; el número más grande de personas que son entrevistados son venezolanos, cubanos y mexicanos”.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS VENEZOLANOS?

“Hay un grupo grande de venezolanos que entraron con el ‘parole humanitario’ de agosto primero del 2023 al presente, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, en lo que viene el 2025 a los dos años se va a vencer, pero qué va a ocurrir en enero?”, indica el abogado.

“Van a cancelar el ‘parole humanitario’, pero ¿van a cancelar los paroles de las personas que están en Estados Unidos? No estoy claro en eso; sospecho que van a matar el programa, pero a lo mejor no van a poder cancelar los dos años que quedan para las personas que, o el año que le queda a las personas que entraron en el 2023 o que entraron en el 2024, pero les va a hacer la vida un poco más difícil”, dice Allen.

¿QUÉ PASA CON OTROS INMIGRANTES?

“Quién está en peligro? Número uno, los haitianos; 200,000 haitianos entraron con el ‘parole humanitario’. El TPS para los haitianos no cubre a la mayoría de esas personas. ¿Qué va a pasar? Se les va a vencer ahora en enero del año que viene. Los haitianos que no han podido solicitar asilo van a estar en un peligro inminente de detención y deportación”, anticipa Allen.

“Número dos, me preocupan los nicaragüenses; casi 90,000 nicaragüenses entraron con el ‘parole humanitario’; se empiezan a vencer ahora en enero del año que viene. No hay un TPS para ellos, los que no pidan asilo están en un peligro inminente de ser detenidos”. 

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Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Trump también dijo que tomará medidas para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrada desde hace mucho tiempo en la 14ª Enmienda de la Constitución, que despojaría de derechos a los nacidos en el país de padres indocumentados.

Pero, dijo, está abierto a trabajar con los demócratas para aprobar una legislación que garantice que los Dreamers, inmigrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos cuando eran niños, puedan permanecer en el país.

Los comentarios de Trump sobre su plan de deportación masiva, una promesa clave de su campaña presidencial, fueron los más expansivos desde que ganó las elecciones en noviembre. El programa, dijo, comenzará con los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos y luego avanzará a “personas que no sean criminales”. No detalló qué delitos se incluirían.

“Creo que hay que hacerlo”, dijo Trump sobre su esfuerzo de deportación. “Es algo muy difícil de hacer. Es… pero hay que tener, ya sabes, reglas, regulaciones, leyes. Entraron ilegalmente. Ya sabes, las personas que han sido tratadas de manera muy injusta son las personas que han estado en línea durante 10 años para ingresar al país”.

“Tenemos que sacar a los criminales de nuestro país”, dijo Trump, y luego agregó: “Pero estamos empezando con los criminales, y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con otros, y veremos cómo va”.

Cuando Welker le preguntó: “¿Quiénes son los otros?”, Trump respondió: “Los otros son otras personas fuera de los criminales”.

Hubo un gran aumento en el número de inmigrantes no autorizados que cruzan a EEUU durante el mandato del presidente Joe Biden, aunque ese número ha disminuido después de las acciones ejecutivas de los últimos meses.

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El endurecimiento de las restricciones en torno a la frontera de EEUU con México estuvo a la vanguardia de la candidatura de Trump, al igual que durante su primera campaña en 2016. Trump y sus aliados destacaron rutinariamente los actos de violencia cometidos por inmigrantes indocumentados para reforzar su caso. (Un estudio de 2024 del Instituto Nacional de Justicia descubrió que los registros de arrestos de Texas entre 2012 y 2018 mostraban que los inmigrantes indocumentados fueron arrestados a menos de la mitad de la tasa de los estadounidenses nativos por delitos violentos).

Trump también describió escenarios en los que los ciudadanos estadounidenses pueden optar por ser deportados junto con miembros de su familia que se encuentran en el país ilegalmente. Sus comentarios se hicieron eco de Tom Homan, su elección para servir como zar de la frontera en el próxima gobierno, al decir que deportará juntas a las familias con estatus migratorio mixto.

“Déjeme preguntarle sobre otro grupo de personas, los aproximadamente 4 millones de familias en Estados Unidos que tienen un estatus migratorio mixto. Entonces, estoy hablando de padres que pueden estar aquí ilegalmente”, dijo Welker, “pero los niños están aquí legalmente”.

“No quiero separar a las familias”, dijo Trump. “Así que la única forma de no separar a la familia es mantenerla unida y enviarlos a todos de regreso”.

Welker también preguntó sobre la política de tolerancia cero durante el primer mandato de Trump, donde las familias serían separadas en la frontera como un medio de disuasión para aquellos que eligieran ingresar a EEUU ilegalmente. Trump finalmente puso fin a la práctica.

“No tenemos que separar a las familias”, dijo Trump. “Enviaremos a toda la familia de manera muy humana, de regreso al país de donde vinieron”.

“¿Entonces no más separaciones familiares?”, preguntó Welker. “¿No están reviviendo la política de tolerancia cero?”

“Depende de la familia”, dijo Trump, y agregó más tarde: “Si vienen aquí ilegalmente pero su familia está aquí legalmente, entonces la familia tiene una opción. La persona que entró ilegalmente puede salir, o pueden salir todos juntos”.

En cuanto a la ciudadanía por derecho de nacimiento, Trump dijo que buscaría derogarla mediante una acción ejecutiva, lo que seguramente provocaría impugnaciones legales inmediatas.

“Tenemos que acabar con ella”, dijo Trump, calificándola de “ridícula”.

Trump sugirió que la ciudadanía por derecho de nacimiento es exclusiva de Estados Unidos, diciendo: “Somos el único país que la tiene, ¿sabes?”. Pero según una revisión de la Biblioteca del Congreso, más de 30 naciones otorgan ciudadanía por derecho de nacimiento, incluidos Canadá y Brasil.

El presidente electo usó un tono más suave al hablar de los Dreamers, aquellos que llegaron a EEUU hace casi 20 años o más cuando eran niños y están cubiertos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que les ha permitido permanecer en el país y trabajar legalmente.

“Tenemos que hacer algo con los Dreamers, porque son personas que fueron traídas aquí a una edad muy temprana, y muchas de ellas son personas de mediana edad ahora, que ni siquiera hablan el idioma de su país”, dijo Trump, y agregó: “Trabajaré con los demócratas en un plan”.

“Fueron traídos a este país hace muchos años”, continuó. “Algunos de ellos ya no son jóvenes y, en muchos casos, han tenido éxito. Tienen excelentes trabajos. En algunos casos, tienen pequeñas empresas. En algunos casos, pueden tener grandes empresas, y vamos a tener que hacer algo con ellos”.

En una entrevista con Kristen Welker, moderadora de “Meet the Press” de NBC News, Trump también dijo que trabajará para extender los recortes de impuestos aprobados en su primer mandato. Dijo que no buscará imponer restricciones a las píldoras abortivas. Planea deportar a millones de inmigrantes indocumentados y tratar de terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Y dijo que los indultos para los alborotadores del 6 de enero ocurrirán el primer día, argumentando que muchos han soportado un trato excesivamente duro en prisión.

“Esta gente vive en el infierno”, dijo.

La primera entrevista televisiva de Trump después de las elecciones tuvo lugar el viernes en la Torre Trump en Manhattan, donde habló durante más de una hora sobre los planes de política que los estadounidenses pueden esperar en su próximo mandato.

Trump dijo que cumpliría una promesa de campaña de imponer aranceles a las importaciones de los principales socios comerciales de Estados Unidos. En un momento digno de mención, reconoció la incertidumbre cuando Welker le preguntó si podía “garantizar que las familias estadounidenses no pagarán más” como resultado de su plan.

“No puedo garantizar nada”, dijo Trump. “No puedo garantizar el mañana”.

Trump también dijo que no aumentará la edad para programas gubernamentales como la Seguridad Social y Medicare y que no hará recortes en ellos como parte de los esfuerzos de reducción del gasto liderados por Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Cuando se le preguntó si “aumentar las edades o algo por el estilo” estaba “fuera de la mesa”, Trump estuvo de acuerdo y dijo: “No lo haré”.

Trump habló en un tono calmado y mesurado y en ocasiones se peleó con Welker cuando ella le verificaba los hechos. Parecía alentado por el alcance de su victoria el 5 de noviembre. Después de ganar el voto popular y capturar los siete estados clave en disputa, dijo con orgullo: “Todo el mundo me está llamando”.

Ha escuchado a Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario de The Washington Post: “Estamos cenando”, dijo.

“La gente me quiere ahora, ¿sabes?”, dijo, y agregó: “Es diferente a la primera vez; cuando gané la primera vez, no era tan popular como ahora. Y una cosa que es muy importante, en términos de la elección, es que me encanta haber ganado el voto popular, y por mucho”.

“Tal vez debería”

Trump pasó a quejas conocidas. No reconoció que perdió las elecciones de 2020. Cuando se le preguntó cómo, en su opinión, los demócratas robaron esa elección pero no esta, a pesar de que controlan la Casa Blanca, Trump dijo: “Porque creo que era demasiado grande para manipularla”.

Culpó al presidente Joe Biden por la división política del país y colmó de insultos a los supuestos enemigos. Adam Schiff, el senador demócrata entrante de California, es “un verdadero canalla”, dijo.

Pero transmitió un mensaje algo contradictorio en lo que respecta a la retribución política. Trump dejó en claro que cree que se le ha hecho daño, pero también sonó conciliador al decir que no nombrará a un fiscal especial para investigar a Biden. “No busco volver al pasado”, dijo. “La retribución será a través del éxito”.

Un temor entre los oponentes políticos de Trump es que use la temible maquinaria de investigación del gobierno para vengarse. Ha elegido a dos aliados para los principales puestos de aplicación de la ley: Pam Bondi para fiscal general y Kash Patel para director del FBI. Si se confirma, sugirió Trump, tendrían autonomía en la forma en que aplican la ley.

Sin embargo, también señaló a personas que cree que cruzaron la línea al investigar sus acciones, y calificó al fiscal especial Jack Smith de “muy corrupto”.

Los miembros del comité de la Cámara de Representantes que examinó el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos eran “matones políticos y, ya sabes, pervertidos” que cometieron delitos en el ejercicio de su trabajo, dijo.

“Por lo que hicieron, honestamente, deberían ir a la cárcel”, dijo Trump.

Cuando se le preguntó si ordenaría al Departamento de Justicia y al FBI que los castigaran, Trump dijo: “No, en absoluto. Creo que tendrán que analizar eso, pero no lo voy a hacer… me voy a centrar en perforar, cariño, perforar”, en referencia a la explotación de más suministros de petróleo.

Si Biden quiere hacerlo, podría indultar a los miembros del comité, dijo Trump, “y tal vez debería hacerlo”.

Salario mínimo, inmigración y Obamacare

La entrevista cubrió una variedad de temas, durante los cuales siguió manteniendo cierta distancia entre él y el conservador “Proyecto 2025”, que pretendía ser un modelo para que su gobierno implementara nuevas políticas. Pero si bien alguna vez rechazó la guía de políticas, la abrazó más de cerca y estuvo de acuerdo en que algunos de los redactores ahora son parte de su administración entrante.

“Estoy de acuerdo con muchas de esas cosas”, dijo Trump.

Dijo que consideraría aumentar el salario mínimo federal, que ha sido de $7.25 por hora desde 2009, pero que le gustaría consultar con los gobernadores del país. “Estoy de acuerdo, es una cifra muy baja”, dijo.

Dijo que publicará su historial médico completo. Trump tendrá 82 años cuando termine su mandato en 2029, la misma edad que Biden tiene ahora. Dijo que no planea desinvertir en Truth Social, la plataforma de mil millones de dólares que lanzó después de dejar el cargo. “No sé en qué desinvertir”, dijo. “Todo lo que hago es difundir mensajes”. Y dijo que no intentará reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien ha criticado en el pasado.

Dijo que sus hijos no se unirán a él como asistentes de la Casa Blanca, un cambio con respecto a su último mandato, cuando su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner se desempeñaron como asesores principales en las oficinas del Ala Oeste. “Los extrañaré”, dijo. No respondió a una pregunta sobre qué papel desempeñará su esposa, Melania Trump, en el nuevo mandato, aunque describió a la futura primera dama como “muy elegante” y “muy popular”.

La inmigración fue la pieza central de la campaña de Trump, y no dudó en decir que llevará a cabo la deportación masiva de quienes viven en el país ilegalmente.

Primero serán los criminales convictos, dijo. Cuando se le presionó sobre si los objetivos irían más allá de ese grupo, Trump agregó: “Bueno, creo que hay que hacerlo, y es algo difícil, es algo muy difícil de hacer. Es… pero hay que tener, ya sabes, reglas, regulaciones, leyes. Entraron ilegalmente”.

También es posible que los ciudadanos estadounidenses se vean atrapados en la redada y sean deportados con miembros de la familia que están aquí ilegalmente, o que podrían optar por irse.

Cuando se le preguntó sobre las familias con estatus migratorio mixto, donde algunos están en los EE. UU. legalmente y otros ilegalmente, Trump dijo: “No quiero separar a las familias, así que la única forma de no separar a la familia es manteniéndolas juntas y tienes que enviar a los inmigrantes a Estados Unidos a sus países de origen”.

“Todos de vuelta”.

El costo y las complejidades logísticas de deportar a millones de personas no lo han disuadido, dijo.

“No tienen opción”, dijo. “En primer lugar, nos están costando una fortuna. Pero estamos empezando con los criminales, y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con los demás, y vamos a ver cómo va”.

Una excepción podrían ser los “Dreamers”, personas que fueron traídas a EEUU ilegalmente cuando eran niños y han vivido aquí durante años. Expresó su apertura hacia una solución legislativa que les permita permanecer en el país.

“Trabajaré con los demócratas en un plan”, dijo, elogiando a los “Dreamers” que han conseguido buenos trabajos, han iniciado negocios y se han convertido en residentes exitosos. “Vamos a tener que hacer algo con ellos”, dijo.

Trump también dijo que tiene la intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, la protección consagrada en la 14ª Enmienda que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense independientemente de sus padres. Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de que al hacerlo unilateralmente se enfrentara a una oposición legal, Trump dijo que consideraría enmendar la Constitución.

“Tal vez tengamos que volver a la gente”, dijo Trump. “Pero tenemos que terminar con esto”.

Durante el único debate de Trump con la vicepresidenta Kamala Harris, fue criticado por decir que tenía “conceptos de un plan” para reemplazar la Ley de Atención Médica Asequible, la ley de atención médica firmada por el presidente Barack Obama.

No está claro que las ideas de Trump hayan evolucionado más.

“Obamacare apesta”, dijo. “Si llegamos a una mejor respuesta, la presentaría a los demócratas y a todos los demás y haría algo al respecto”.

¿Cuándo tendrá un plan desarrollado? “Bueno, no sé si lo verán en absoluto”, dijo Trump, y agregó que los expertos en atención médica están estudiando posibles alternativas.

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Política exterior

Más tarde el viernes después de la entrevista, Trump voló a París para una ceremonia que marcó la reapertura de la Catedral de Notre Dame, que había sido devastada por un incendio.

Después de llegar, se reunió en privado con el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien publicó en las redes sociales que el trío habló sobre alcanzar “una paz justa” en la guerra de su país con Rusia. Zelenskyy participó aproximadamente durante los últimos 10 minutos de la reunión, dijo un funcionario de transición de Trump.

En la entrevista con “Meet the Press”, Trump dijo que está tratando activamente de poner fin a la guerra, “si puedo”, y agregó que Ucrania “posiblemente” puede esperar que no recibirá tanta ayuda militar de los EE. UU. cuando regrese al cargo.

No se comprometería a mantener a Estados Unidos en la OTAN, la alianza militar europea que ha sido un baluarte contra Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. “Si pagan sus cuentas, absolutamente”, preservaría el papel de Estados Unidos en la alianza, dijo.

En otro frente de política exterior, Trump expresó dudas sobre la capacidad del presidente sirio Bashar al-Assad para permanecer en el poder.

“Es sorprendente, porque permaneció durante años en condiciones que uno pensaría que eran mucho más adversas, y de repente, los rebeldes se están yendo y están tomando grandes porciones de territorio”, dijo Trump. “La gente ha apostado en su contra durante mucho tiempo, y hasta ahora eso no ha funcionado. Pero esto parece ser diferente”.

“No habrá una masacre estadounidense”

Una frase que saltó del primer discurso inaugural de Trump en 2017: “masacre estadounidense”. Evocaba una nación devastada por el crimen y cargada de fábricas oxidadas.

Esta vez, Trump dijo que la moraleja de su discurso inaugural será diferente.

“Vamos a tener un mensaje”, dijo. “Los hará felices: unidad. Será un mensaje de unidad”.

“¿Y no habrá una masacre estadounidense?”, preguntó Welker.

“No habrá una masacre estadounidense, no”, dijo el 45.º y pronto 47.º presidente.

Cuando se le preguntó cuál sería su mensaje para los estadounidenses que no votaron por él, Trump los comparó con sus partidarios más estridentes, un cambio con respecto a su retórica de campaña.

“Los voy a tratar”, dijo, “tan bien como he tratado a los mayores partidarios de MAGA”.

Robles, un veterano que estuvo asignado en Alemania en la década de los 70, ingresó a Estados Unidos por la garita de San Ysidro, principal punto de entrada de la frontera entre California y México.

Lo primero que quería hacer el inmigrante era visitar a su madre, de 97 años, que reside en Chino, California, y a la que no ha podido ver desde hace años, según dijo a EFE.

Además, se pondrá en la tarea de buscar a sus dos hijas y localizar a dos medios hermanos, contó con una sonrisa esperanzadora que, según afirmó, refleja la alegría de “volver a casa”.

¿EL ÚLTIMO FAVORECIDO?

Activistas, veteranos y amigos de Robles le esperaron hasta que apareció del lado estadounidense de la garita peatonal, con el sabor amargo de que sea quizás el último beneficiario del programa de libertad humanitaria que Biden concedió a los veteranos deportados.

En julio de 2021, el mandatario demócrata firmó una orden ejecutiva en la que requería a los secretarios de Seguridad Interior, de la Defensa y de la Administración de Veteranos, facilitar el regreso por razones humanitarias de militares veteranos deportados.

Robert Vivar, un activista y religioso que ha defendido consistentemente a los veteranos deportados, explicó a EFE que durante este programa han regresado unos 25 exmilitares que por diversas razones habían sido expulsados, pero todavía quedan otros 15 que están en el proceso tan solo en Tijuana.

Ahora que el exmandatario y presidente electo Donald Trump regresa, “tenemos temor de que el programa se vaya a descartar, aunque no debiera desecharse, porque este no es un problema migratorio, es un asunto militar, de veteranos”, dijo Vivar.

Tom Homan, nombrado por el presidente electo como el “zar de la frontera”, ha dicho en entrevistas que las medidas migratorias impuestas por Biden han sido un “suicidio nacional” y se deben derogar.

Pero la historia de Robles ejemplifica por qué los veteranos merecen el programa humanitario. El mexicano llegó a los tres años a Texas con su madre, una residente legal, quien posteriormente fue empleada en California, donde el inmigrante creció.

Cuando Robles era joven, se le dificultaba encontrar trabajo, aunque era residente legal. Por eso, cuando le ofrecieron $2,000 por inscribirse en las fuerzas armadas, aceptó, y fue enviado a Alemania, donde cumplió su servicio.

Tras su regreso a California, consiguió empleo y llevó una vida normal, hasta que un compañero de trabajo alcoholizado lo agredió. Robles dice que fue acusado erróneamente de iniciar el pleito. El lío legal culminó en su deportación y la pérdida de su residencia permanente.

El exmilitar narró a EFE que fue una experiencia devastadora. “Pensé que iban a considerar que había sido dado de baja con honores, que yo tenía buen comportamiento, no tomaba alcohol, trabajaba duro”, lamentó.

De un momento a otro, el veterano se vio en Tijuana, donde nada ni nadie era conocido, con muy poco dominio del español, sin documentos para buscar trabajo y sin recursos. Robles recordó que al principio vendía algunos dulces a los transeúntes para sobrevivir.

Hoy todavía lamenta que después de querer ofrendar su vida por el país, lo hayan desechado, según dice, con tanta facilidad y falta de empatía.

“De lo primero que voy a hacer es ir a un hospital militar para que me hagan una evaluación general”, afirmó Robles. “Ahí pienso pedir que me den asistencia psicológica”, pues la deportación “ha sido deprimente y por mucho tiempo, y yo no quiero estar así”, puntualizó.

El presidente electo ha prometido poner fin a la mayoría de programas establecidos por el gobierno de Biden, y tanto los activistas como los veteranos urgieron al republicano a continuar con el beneficio.

Las cifras preliminares y más modestas apuntan a que deportar en un solo operativo a más de 11 millones de personas costaría al país unos $315,000 millones, de acuerdo con un informe de la organización American Immigration Council.

Pero, la cifra es astronómicamente mayor “si las deportaciones se hacen anuales, a lo largo de 10.6 años (suponiendo una tasa de inflación anual del 2.5%) el costo sería de $967,900 millones“, agrega el reporte.

Además, un operativo de ese tamaño implica costos de traslados, jueces de inmigración, fiscales, personal administrativo y nuevos centros de detención, sólo por mencionar algunos.

“En definitiva, el costo para los contribuyentes ascendería a casi $1 billón”, dice el reporte.

Este es un vistazo de lo que puede esperarse serían algunos de los costos detallados de un proceso de deportación, de acuerdo con el informe de la organización American Immigration Council.

Costo de deportación de indocumentados

Un operativo de deportación masiva de más de 11 millones de personas indocumentadas, como prometió Trump durante su campaña y ha mantenido hasta ahora, costaría al menos $315,000 millones.

Si el gobierno efectúa un operativo de deportación masivo de una sola vez implicaría hacer los siguientes gastos:

• Gastos por arrestos: $89,300 millones
• Gastos por detenciones masivas: $167,800 millones
• Gastos por procesamiento legal: $34,100 millones
• Gastos por remoción: $24,100 millones

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¿Cuánto costaría deportar a un millón de indocumentados por año?

Según la organización, de hacerse un operativo anual de deportación de un millón de indocumentados costaría a EEUU unos $88,000 millones.

“Se necesitarían más de diez años y la construcción de cientos a miles de nuevos centros de detención para arrestar, detener, procesar y deportar a los 13.3 millones de inmigrantes en cuestión, incluso suponiendo que el 20% de esa población se marchara voluntariamente durante cualquier esfuerzo de deportación masiva de varios años. El costo total en 10.6 años (suponiendo una tasa de inflación anual del 2.5%) sería de $967,900 millones”.

Algunos de los gastos que el Estado tendría que devengar para lograrlo son:

• Gastos promedio por arrestos de indocumentados por año: $7,000 millones
• Gastos promedio por detención de un millón de indocumentados: $66,000 millones
• Gastos promedios por procesamiento legal de un promedio de un millón de inmigrantes: $12,600 millones
• Gastos promedio para expulsar un millón de inmigrantes anualmente: $2.1 mil millones

¿Cuánto costaría trasladar a indocumentados a sus países?

Immigration Council calcula que los costos de traslados de inmigrantes a sus países de origen implican miles de millones de dólares tanto por tierra como por aire. Aquí algunos de los costos que calculan:

• Costo de deportaciones de indocumentados en autobús sería $7,000 millones. Esto sólo implicaría a ciudadanos mexicanos y canadienses en EEUU, “los cuales se presumen pueden ser aproximadamente 4.8 millones presentes en 2022, además de otros 340,000 mexicanos liberados después de cruzar la frontera entre enero de 2023 y abril de 2024”.
• Los costos de deportaciones de indocumentados por avión serían de $17.1 mil millones en total

“Para los 8.5 millones de personas que estaban presentes en 2022 o que llegaron a través de la frontera sur después de ese punto y serían deportadas en avión, primero calculamos las horas de vuelo promedio necesarias para deportar a cada nacionalidad y luego generamos un costo por vuelo de deportación por nacionalidad”, según el informe.

¿Cuántos vuelos se necesitan para un plan de deportación masiva?

El reporte sobre deportaciones masivas de Immigration Council presume que se “requeriría más de 65,700 vuelos de deportación individuales, en comparación con un promedio de apenas 137.6 vuelos de deportación en el último año”.

Otro problema que implica deportaciones masivas es qué sucedería con los países que no aceptan vuelos procedentes de Estados Unidos como Venezuela, Cuba y China.

Una de las opciones que podría estar manejando el nuevo gobierno de Trump sería enviar a cientos de miles de inmigrantes deportados a países distintos a sus naciones de origen, según reportó NBC este jueves.

La organización proyecta que se necesitarían aumentar los vuelos de deportación en un 47,500%.

¿Cuánto personal y presupuesto se necesita para las deportaciones masivas?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cuenta con más de 8,700 empleados en su división de Investigación (HSI), en más de 230 oficinas en el país, según su página web.

“HSI tiene amplia autoridad legal para realizar investigaciones penales federales sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otro contrabando en todo Estados Unidos”, explica la organización.

Asimismo, la oficina de OPLA (el programa legal más grande del DHS), cuenta “con más de 1,300 abogados y casi 300 personas de apoyo con diversos antecedentes y perspectivas”.

¿Es suficiente este personal para este operativo masivo de deportación? Esto es lo que dice el reporte de Immigration Council:

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia (DOJ) tendría que contratar uno 181 jueces de inmigración por año “para procesar por completo 10.6 millones de casos en 11 años”, según estimaciones del reporte.

Además de esto, tendrían que ampliar la capacidad de salas de audiencias, cuya cifra a enero de 2024 eran de “601 salas de audiencias disponibles para sus 734 jueces de inmigración”.

Construir salas de audiencia en “tribunales de carpa”, podrían implicar el menos “143.3 millones de dólares para su funcionamiento anual, ajustado por inflación”.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Vivían en Estados Unidos cuando el gobierno del presidente Joe Biden anunció que los venezolanos recibirían el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permite a las personas que ya están en Estados Unidos permanecer y trabajar legalmente si se considera que sus países de origen son inseguros.

Personas de 17 países, incluyendo Haití, Afganistán, Sudán y recientemente Líbano, pueden acogerse actualmente a dicho programa.

Pero el presidente electo Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, han prometido deportaciones masivas y sugirieron que reducirían el uso del TPS que beneficia a más de 1 millón de inmigrantes.

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tps 9 Ene, 2024

TPS para venezolanos: paso a paso lo que debes hacer tras anuncio del gobierno

Ambos declararon sin pruebas que haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, y están bajo el TPS, se comían a las mascotas de sus vecinos. Trump también amplificó aseveraciones cuestionables del alcalde de Aurora, Colorado, sobre bandas venezolanas tomando control de un complejo de apartamentos.

“Lo que Donald Trump propone hacer es dejar de dar permisos masivos de permanencia temporal”, dijo Vance en un mitin en Arizona en octubre, mencionando otro tipo de estatus migratorio que también está en riesgo. “Vamos a dejar de hacer concesiones masivas del Estatus de Protección Temporal”.

Hidalgo lloró al hablar de su situación con un reportero mientras su hijo, ahora de 2 años, dormía en un cochecito fuera del hotel para migrantes de Nueva York donde viven. Al menos 7.7 millones de personas han huido de la violencia política y la agitación económica en Venezuela, uno de los mayores desplazamientos a nivel mundial.

“Mi única esperanza era el TPS, que eso me protegía a mí. Pero imagínate si lo eliminan”, comentó Hidalgo. “Mi preocupación es, por ejemplo, que después de todo lo que yo sufrí con mi hijo para yo llegar a este país que me manden otra vez a mi país”.

VENEZOLANOS, HAITIANOS Y SALVADOREÑOS SE BENEFICIAN DEL TPS

Los venezolanos, junto con los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiarios del TPS y tienen más en juego.

El aeropuerto internacional de Haití cerró esta semana después de que pandillas dispararon contra un vuelo comercial que aterrizaba en Puerto Príncipe mientras un nuevo primer ministro interino tomaba posesión. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió a las aerolíneas estadounidenses aterrizar allí durante 30 días.

“Esto está creando mucha ansiedad”, dijo Vania André, editora en jefe de The Haitian Times, un periódico en línea que cubre la diáspora haitiana. “Enviar a miles de personas de vuelta a Haití no es una opción. El país no está equipado para manejar la violencia de pandillas ya extendida y no puede absorber a todas esas personas”.

Las designaciones de Seguridad Nacional ofrecen alivio por hasta 18 meses, pero se extienden en muchos casos. La designación para El Salvador termina en marzo. Las de Sudán, Ucrania y Venezuela terminan en abril. Otras expiran más tarde.

Las regulaciones federales dicen que una designación puede darse por concluida antes de que expire, pero eso nunca ha ocurrido, y se requiere un aviso de 60 días.

El TPS es similar al menos conocido Programa de Salida Forzosa Diferida que Trump usó para recompensar a los partidarios del exilio venezolano mientras su primera presidencia estaba terminando, protegiendo a 145,000 de la deportación por 18 meses.

El abogado Ahilan T. Arulanantham, quien desafió con éxito los esfuerzos anteriores de Trump para permitir que las designaciones de TPS para varios países expiraran, no duda que el presidente electo lo intentará de nuevo.

“Es posible que algunas personas en su gobierno reconozcan que quitar la autorización de empleo a más de un millón de personas, muchas de las cuales han vivido en este país durante décadas, no es una buena política” y económicamente desastroso, dijo Arulanantham, quien enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles, y ayuda a dirigir su Centro de Derecho y Política de Inmigración.

“Pero nada en la historia de Trump sugiere que les importarían tales consideraciones”.

Los tribunales impidieron que expiraran las asignaciones para Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador hasta bien entrado el mandato del presidente Joe Biden. Posteriormente, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, las renovó.

Arulanantham dijo que él “desde luego” podría ver otro desafío legal, dependiendo de lo que haga la administración Trump.

El Congreso estableció el TPS en 1990, cuando la guerra civil ardía en El Salvador. Los congresistas se alarmaron al saber que algunos salvadoreños fueron torturados y ejecutados después de ser deportados de Estados Unidos.

Otras designaciones protegieron a personas durante guerras en Bosnia-Herzegovina y Kuwait, de violencia genocida en Ruanda, y después de erupciones volcánicas en Montserrat, un territorio británico en el Caribe, en 1995 y 1997.

Una designación no es un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía de Estados Unidos, pero los solicitantes pueden intentar cambiar su estatus a través de otros procesos migratorios.

Los defensores están presionando a la Casa Blanca para que otorgue una nueva designación de TPS para los nicaragüenses antes de que Biden deje el cargo.

Menos de 3,000 aún están cubiertos por las protecciones temporales emitidas en 1998 después de que el huracán Mitch azotó el país. Las personas que huyeron mucho más tarde bajo la opresión del gobierno del presidente Daniel Ortega no disfrutan de la misma protección contra la deportación.

“Es una obligación moral” para la administración Biden, dijo Maria Bilbao, de la American Friends Service Committee.

Elena, una nicaragüense de 46 años que ha vivido sin papeles en Estados Unidos durante 25 años e insistió en usar solo su primer nombre porque teme ser deportada, espera que Biden actúe rápidamente: “No en enero. No en diciembre. Ahora”.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.

Durante la campaña, Trump prometió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permite a los trabajadores de determinados países venir a Estados Unidos a trabajar. Si algunas de las medidas de deportación de mayor envergadura, como la eliminación del TPS, llegan a buen puerto, los expertos afirman que se sentirán efectos dominó en la mayoría de los sectores de la economía, en particular la construcción, la vivienda y la agricultura.

El domingo por la noche, Trump anunció en una publicación en las redes sociales que Tom Homan, exdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, será el “zar de la frontera” de su administración. Homan había dicho en una conferencia conservadora a principios de año: “Nadie está fuera de la mesa. Si estás aquí ilegalmente, será mejor que mires por encima del hombro”. Prometió “dirigir la mayor fuerza de deportación que este país haya visto jamás”.

A los economistas y especialistas laborales lo que más les preocupa es el impacto económico de las políticas que deportarían a los trabajadores que ya están en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados.

Las agencias de empleo siguieron las elecciones con especial atención.

“La mañana después de las elecciones, nos sentamos como equipo directivo y analizamos lo que esto significa para la disponibilidad de talento”, dijo Jason Leverant, presidente y director de operaciones del Grupo AtWork, una agencia nacional de dotación de personal basada en franquicias. AtWork suministra personal comercial en sectores en los que abundan los inmigrantes, como almacenes, industria y agricultura, en 39 estados.

Ya escasean los trabajadores, el “talento” en la jerga del sector. Aunque lo peor de la crisis laboral espoleada por el boom económico posterior a la crisis de los cohetes ya ha pasado, y la oferta y la demanda de mano de obra se han vuelto a equilibrar en los últimos meses, el número de trabajadores disponibles para cubrir puestos de trabajo en toda la economía estadounidense sigue siendo un dato muy vigilado. Las deportaciones masivas agravarían este problema económico, afirman empresarios y economistas.

“Si las políticas de inmigración propuestas se hacen realidad, podría haber un impacto significativo”, dijo Leverant, señalando las estimaciones de que un programa de deportación masiva podría dejar hasta un millón de vacantes potenciales difíciles de cubrir.

¿Cuántos inmigrantes indocumentados trabajan en Estados Unidos?

Existen varias estadísticas sobre la población inmigrante indocumentada en Estados Unidos. El Center for American Progress, de tendencia izquierdista, calcula la cifra en unos 11.3 millones, de los cuales 7 millones trabajan. El Consejo Americano de Inmigración, un grupo de defensa de la expansión de la inmigración, citando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, también sitúa el número de indocumentados en Estados Unidos en torno a los 11 millones. El Centro de Investigación Pew, no partidista, calcula cifra en unos 8 millones de personas.

“Hay millones, muchos millones de indocumentados en los oficios; no tenemos estadounidenses para hacer el trabajo”, dijo Chad Prinkey, director general de Well Built Construction Consulting, que trabaja con empresas de construcción. “Necesitamos a estos trabajadores; lo que todos queremos es que estén documentados; queremos saber quiénes son, dónde están y asegurarnos de que pagan impuestos; no queremos que desaparezcan”.

Leverant dice que aún se está determinando cómo se cubrirían los puestos de trabajo perdidos por una deportación masiva.

“¿Sacamos talento de un área a otra, pero luego otro lo pierde?”, dijo Leverant. “Esto es bastante significativo y tenemos que adelantarnos a ello”.

Leverant dice que no le preocupa perder a ninguno de los 20,000 trabajadores que AtWork envía a distintos lugares porque se comprueba enérgicamente el estado de los documentos, pero si otras empresas pierden trabajadores, se apoyarán aún más en agencias de colocación como AtWork para conseguir un talento que ya escasea. Y la oferta y la demanda dictan los salarios de los trabajadores, que se verán forzados a subir. Y eso repercutirá en toda la cadena de suministro, hasta el supermercado o la tienda de artículos deportivos.

“Ahora estamos jugando a largo plazo, el dolor se dejará sentir y veremos escasez, ralentización y retrasos en todos los frentes”, afirmó.

Los productos que no lleguen al mercado porque no hay suficientes trabajadores para llevarlos a la distribución, o los retrasos en los proyectos de construcción, son algunas de las posibles consecuencias de la escasez de mano de obra.

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La preocupación por la mano de obra se extiende a la mano de obra cualificada y la tecnología

También preocupa cómo una política de inmigración más estricta podría afectar negativamente a los trabajadores cualificados.

“No se trata sólo de mano de obra poco cualificada, sino también de trabajadores del sector tecnológico e ingenieros. Tampoco tenemos suficiente talento cualificado para cubrir los puestos de trabajo”, afirma Leverant, quien añade que no se imagina a médicos y científicos siendo detenidos y deportados, pero que las restricciones a los visados H-1B y un ambiente en general menos acogedor podrían disuadir a los talentos de venir.

Janeesa Hollingshead, responsable de expansión de Uber Works, una división de contratación de personal a petición de la empresa de viajes compartidos, está de acuerdo en que la tecnología se verá afectada, si el pasado es prólogo.

“El sector tecnológico depende en gran medida de los inmigrantes para desempeñar funciones altamente técnicas y cruciales”, afirma Hollingshead, que recuerda que Uber informó a todos los trabajadores tecnológicos con visados H-1B durante la primera presidencia de Trump de que si se iban de vacaciones a sus países de origen, es posible que no pudieran volver.

Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, durante la primera administración Trump, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del gobierno estadounidense denegaron un mayor porcentaje de peticiones H-1B que en los cuatro años anteriores, pero muchas de las denegaciones fueron anuladas, lo que llevó a un nivel más bajo de denegaciones para el año fiscal 2020, 13%, frente al 24% en 2018. Los años fiscales 2021 y 2022 tuvieron las tasas de denegación más bajas jamás registradas.

Hollingshead afirma que las empresas tecnológicas de Estados Unidos se van a ver obligadas a encontrar talento tecnológico entre los grupos de personas que ya están en el país y que actualmente se pasan por alto.

“Las empresas estadounidenses van a tener que averiguar cómo hacerlo o enfrentarse a una escasez de mano de obra aún más grave”, afirma Hollingshead.

En su mitin del Madison Square Garden de Nueva York justo antes de las elecciones, Trump dijo: “El día 1 lanzaré el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos para echar a los criminales”.

“Yo no tacharía de retórica su proceso de deportación masiva. Tenemos que suponer que habla en serio”, según David Leopold, presidente del grupo de práctica de inmigración del bufete de abogados U.B. Greensfelder.

Sin embargo, a pesar del impacto que podría tener en el mercado laboral, en la práctica, las deportaciones masivas podrían ser difíciles de llevar a cabo.

“Es muy caro expulsar a 11 millones de personas”, dijo Leopold, y predijo que Trump recurrirá al ICE y a las agencias federales, pero también a las fuerzas de seguridad locales para detener a los inmigrantes.

En una entrevista telefónica con Kristen Welker, de NBC News, poco después de los resultados electorales, Trump invocó la retórica más oscura sobre los inmigrantes que tuvo éxito durante la campaña, al tiempo que dijo que no se opone a que la gente entre en el país; de hecho, dijo que se necesitará más gente si tiene éxito la estrategia de su administración de exigir a las empresas que se instalen en Estados Unidos. “Queremos que venga gente”, dijo Trump. “Vamos a tener muchas empresas que vengan a nuestro país. Quieren venir a nuestro país. … Queremos que empresas y fábricas y plantas y fábricas de automóviles vengan a nuestro país, y vendrán. Y por lo tanto necesitamos gente, pero queremos gente que no esté necesariamente sentada en una cárcel por haber asesinado a siete personas.”

El Consejo Estadounidense de Inmigración calcula que en una operación de deportación masiva a largo plazo dirigida a un millón de personas al año -que según él refleja “propuestas más conservadoras” hechas por los partidarios de la deportación masiva- el coste medio sería de $88,000 millones anuales, lo que supondría un coste total de $967.900 millones en el transcurso de más de una década.

En su entrevista con NBC News, Trump desestimó las preocupaciones sobre el coste. “No es una cuestión de precio”, dijo. “No tenemos elección. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países y ahora van a volver a esos países porque no se van a quedar aquí. … no hay precio”, dijo Trump.

Según Leopold, dependiendo de la gravedad del plan, los cambios podrían llegar a los consumidores en forma de aumento de precios, problemas de suministro y acceso restringido a bienes y servicios.

Daños en la construcción y la vivienda

Nan Wu, director de investigación del Consejo Americano de Inmigración, se hace eco de las preocupaciones de otros al predecir agitación para los consumidores si las deportaciones aumentan bajo Trump.

“La deportación masiva exacerbaría la actual escasez de mano de obra en los Estados Unidos, especialmente en las industrias que dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes indocumentados”, dijo Wu, citando la investigación de AIC que muestra que la industria de la construcción perdería uno de cada ocho trabajadores, citando la investigación de AIC que el 14 por ciento de los trabajadores de la construcción en los Estados Unidos son indocumentados.

“La eliminación de tantos trabajadores en un corto periodo de tiempo dispararía los costes de construcción y provocaría retrasos en la construcción de nuevas viviendas, haciendo que la vivienda fuera aún menos asequible en muchas partes del país”, dijo Wu.

Lo mismo puede decirse del sector agrícola, que perdería uno de cada ocho trabajadores.

“Si nos fijamos en ocupaciones específicas, alrededor de una cuarta parte de los trabajadores agrícolas, clasificadores agrícolas y clasificadores son trabajadores indocumentados. Perder a los trabajadores agrícolas que cultivan, recogen y envasan nuestros alimentos perjudicaría la producción nacional de alimentos y elevaría los precios de los alimentos”, afirmó Wu.

Las cifras del USDA sitúan el número de trabajadores agrícolas indocumentados en el 41% en 2018, el año más reciente en el que hay cifras disponibles, siendo California el estado con mayor número.

La AIC estima que el PIB estadounidense se reduciría entre $1.1 y $1.7 billones.

El think tank conservador American Compass aboga por una política de inmigración basada en las cualificaciones “que, según afirma, requeriría ”una aplicación seria de la ley de inmigración que impida a las personas trabajar ilegalmente”. Esta aplicación de la ley tendrá que ocuparse prospectivamente del futuro flujo de inmigrantes, así como de los millones de trabajadores ilegales que ya están aquí”, afirma en un informe político.

Entre sus prioridades políticas se encuentran el uso obligatorio del sistema E-Verify por parte de todos los empleadores, junto con severas sanciones penales en caso de infracción reiterada o intencionada; permisos de trabajo de corta duración para los inmigrantes ilegales que lleven ya un tiempo considerable en el país, pero estableciendo un calendario para su salida en función del tiempo que lleven residiendo en él; y, para los que lleven más tiempo residiendo en Estados Unidos, la posibilidad de obtener un estatus legal permanente tras pagar una multa considerable.

Homan dijo en una reciente entrevista en “60 Minutes” que se reanudarán las “operaciones de aplicación de la ley en el lugar de trabajo” -rechazó el uso de la palabra “redadas”-. “Eso va a ser necesario”, dijo, aunque añadió que las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional son las primeras prioridades.

Prinkey afirma que el impacto de un programa de deportaciones masivas sería dramático. “Uno de los problemas naturales con los trabajadores indocumentados es que no sabemos cuántos están aquí porque son indocumentados. No es sencillo. Apostaría a que la mitad o más de la mano de obra in situ es indocumentada en regiones geográficas concretas”, dijo.

“Si se construyen instalaciones nucleares o colegios y universidades, es posible que se trabaje con muy pocos indocumentados porque hay un nivel de supervisión mucho mayor”, dijo Prinkey. “Esos son sectores que se encogerán de hombros y seguirán adelante”. Espera lo mismo para los trabajadores sindicados.

Pero habrá grandes impactos en la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, según Prinkey, sectores del mercado inmobiliario que, en su opinión, podrían quedar “paralizados”.

“Habrá retrasos increíbles; un proyecto medio de 18 meses podría tardar cinco años en completarse porque hay muy pocos cuerpos”, dijo Prinkey. “Será menos devastador en Boston que en Austin; en Austin, paralizaría todos los proyectos”, añadió.

A pesar de las nefastas previsiones, Prinkey no cree que se vaya a producir una deportación masiva. “Donald Trump es un promotor; entiende lo que está pasando. Una deportación masiva no es posible sin un impacto económico paralizante”, dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kevin Williams para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

El martes, Trump obtuvo la mayoría de los votos electorales para ganar las elecciones presidenciales y convertirse en el mandatario número 47 del país. Pero al darse conocer los resultados, algunos migrantes recordaron mensajes durante su campaña, donde prometió la deportación de millones de personas.  

“Trabajé mucho y no creo nos merezcamos que nos echen para fuera a quienes no tenemos papeles”, dijo una mujer indocumentada que no quiso dar su nombre por temor.

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El miércoles, varias organizaciones como TODEC, que defienden el derecho de los inmigrantes, mencionaron haber recibido varias llamadas de personas preocupadas por las intenciones de deportaciones mencionadas anunciadas por el virtual presidente electo. 

“Hay que estar preparados para lo que se venga, pero también saber cómo ampararnos con las leyes que existen en California que sigue protegiendo a la comunidad inmigrante, sobre todo a los más vulnerables que no tienen ningún tipo de apoyo migratorio”, dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva de TODEC. 

La misma preocupación también se manifestó entre varios beneficiarios de programas como Acción Afirmativa o DACA.

“En lo personal, yo tengo DACA, y yo sé que las veces que él estuvo como presidente hace cuatro años, él quería quitar lo que es el DACA”, dijo una beneficiara.  Para mí, es mi forma de trabajar, como recibir beneficios médicos, y si quita DACA, puede quitar servicios que tengo yo”, dijo otra beneficiara de DACA que quiso permanecer anónima.  

Una abogada de inmigración comentó sobre las deportaciones masivas de las que habla el presidente electo.

“Esto de deportación masiva es algo de lo que él ya ha hablado anteriormente y no es algo muy viable. Creo que lo que sí podría pasar es que personas con orden de deportación o con un historial penal, sí [podría] ser posible que la Administración del Departamento de Seguridad ponga más atención en tratar de buscar a estas personas”, dijo Rosa Elena Sahagún, abogada de inmigración.  

Donald Trump, quien tomará posesión el 20 de enero del 2025, tendrá una agenda de trabajo bastante amplia, y aún no se sabe cuáles serán los temas a los que dará mayor prioridad. 

“Es importante saber que él no puede simplemente quitar algunos beneficios rápidamente, sabemos que ya perdió una lucha legal con DACA. Creo que podría dejar eso por la paz, pero sí veo que va a haber un enfoque en la remoción de personas con órdenes de deportación o historial penal”, dijo Sahagún.

Varias organizaciones y organizadores pro inmigrantes dicen estar listas para llevar a cabo acciones en caso de que se requieran.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, encabezó una coalición de 16 estados, junto a America First Legal, para demandar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), al secretario Alejandro Mayorkas y a otros funcionarios de la administración de Biden, por este programa.

Paxton había indicado que la demanda que se presentó ante la Corte del Distrito Este de Texas, tenía como objetivo detener la norma, la cual permitía a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, obtener la ciudadanía sin tener que salir de Estados Unidos.

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“Este cambio permitiría que ciertas clasificaciones de inmigrantes ilegales obtengan el estatus de residente permanente mientras permanecen en Estados Unidos en violación de la ley federal”, indicó Paxton.

Según el fiscal Paxton, la norma ignora la Constitución de Estados Unidos, viola la Ley de Procedimiento Administrativo y contraviene la ley federal existente, por lo que solicitó a la corte que otorgara una medida cautelar que impidiera al DHS implementar la política mientras se lleva a cabo un juicio a fondo.

“Con Joe Biden y Kamala Harris, el gobierno federal está trabajando activamente para convertir a Estados Unidos en una nación sin fronteras y un país sin leyes. No permitiré que esto suceda”, dijo Paxton entonces.

Los estados que se unieron a la demanda de Texas son Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.

Apenas en agosto pasado, el juez federal J. Campbell Barker ordenó una pausa temporal al programa en lo que continuaba el proceso judicial abierto con la demanda.

La pausa temporal ocurrió una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a aceptar solicitudes de los posibles beneficiados.

Las órdenes ejecutivas seguirán las promesas de Trump en la campaña electoral de emitir deportaciones masivas inmediatamente después de asumir el cargo.

Trump dijo durante su discurso inaugural que declararía una emergencia nacional en la frontera sur.

“Se detendrá de inmediato la entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo.

El estado de emergencia permitiría al Departamento de Defensa desplegar al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera. Los funcionarios se negaron a dar más detalles sobre cuántas tropas se enviarían o los parámetros de sus acciones, diciendo que correspondería al Departamento de Defensa tomar esas decisiones.

La administración Trump también dijo que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el derecho de los niños nacidos en Estados Unidos a reclamar la ciudadanía independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Se entiende que la ciudadanía por derecho de nacimiento es un requisito de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.

Para cambiar la Constitución se necesitaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un listón extremadamente alto. Los demócratas y algunos grupos legales han prometido impugnar en los tribunales cualquier intento de Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es antiestadounidense e inconstitucional”, escribió el senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, en X, y prometió “luchar contra esta orden ejecutiva antiestadounidense”.

El funcionario dijo que Trump tiene la intención de poner fin a la práctica conocida como “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a esta práctica, pero aun así los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump también planea reinstaurar la política de “Permanecer en México”, que le permitió a Trump en su primer mandato impedir que los migrantes de todas las nacionalidades cruzaran a Estados Unidos desde México hasta que tuvieran una cita para solicitar asilo. El funcionario no detalló si ese país había aceptado algún término al respecto.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, dijo a los medios de comunicación en la reunión matutina de la presidenta mexicana que el plan es “una decisión unilateral que han tomado”, y agregó: “No la compartimos. Tenemos un enfoque diferente”.

El funcionario habló antes de que Trump anunciara las 10 órdenes ejecutivas planeadas sobre inmigración, en respuesta a informes de prensa previos de que Trump buscaría restablecer la política. No estaba claro si el gobierno mexicano impediría que la administración Trump implemente la política, lo que podría representar un obstáculo para el plan.

El funcionario también dijo que continuarían construyendo el muro fronterizo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.

La administración también tiene la intención de apuntar a los cárteles de la droga y lo que llamó pandillas de migrantes, refiriéndose específicamente a MS-13 y Tren de Aragua.

“Según las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Trump durante su discurso inaugural.

La designación haría ilegal que cualquiera brinde ayuda o colabore con los grupos y permitiría al Gobierno federal procesar a las personas que apoyan a los cárteles de cualquier manera por cargos de proporcionar apoyo material a terroristas. También permite al Gobierno poner a miembros conocidos en la lista de vigilancia terrorista para que puedan ser arrestados, impedidos de volar a EEUU o impedidos de cruzar la frontera estadounidense simplemente por ser parte del grupo.

“Ordenaré a nuestro Gobierno que use todo el poder inmenso de las fuerzas de seguridad federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales y criminales, que traen un crimen devastador a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, dijo Trump.

Los cambios en el sistema de inmigración ya han comenzado. CBP One, una aplicación del Gobierno utilizada por los migrantes para enviar su información y programar citas en los puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible para ese propósito, según un comunicado publicado en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las citas existentes programadas a través de la aplicación han sido canceladas, agregó el comunicado.

Las funciones de CBP One se ampliaron bajo la administración de Biden para facilitar las citas de asilo para los migrantes, en medio de un número creciente de personas que intentan cruzar la frontera sur. Estaba siendo utilizada por migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con patrocinadores en EEUU para comenzar el proceso para obtener la libertad condicional en el país durante dos años.

Los usuarios de la aplicación comenzaron a recibir notificaciones emergentes que decían que las citas de CBP One “ya no son válidas” en diferentes idiomas el lunes.

Aquí las 10 órdenes ejecutivas en relación con la forntera, según funcionarios entrantes de la Casa Blanca. Las órdenes incluyen:

• Declarar una emergencia nacional en la frontera para que el Departamento de Defensa pueda desplegar allí al ejército y la guardia nacional.
• Poner fin a la política de “captura y liberación”. Trump prometió en su primer mandato poner fin a la política de liberar a los detenidos en la comunidad hasta que tuvieran una fecha de comparecencia ante el tribunal de inmigración, pero los migrantes fueron liberados después de cruzar la frontera debido a los límites en el espacio de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
• Restablecer la política de Permanecer en México. Los funcionarios no dijeron si tenían el acuerdo de México para restablecer esta política, que requiere que los migrantes que buscan asilo permanezcan en México hasta que se escuchen sus casos.
• Continuar con la construcción del muro fronterizo.
• Suspender el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses.
• Designar a los cárteles y las pandillas de migrantes, específicamente MS-13 y Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras.
• Poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. No estaba claro si esto sería retroactivo para invalidar la ciudadanía de aquellos nacidos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos.

Esta es una historia en desarrollo, por favor vuelva a consultar para obtener actualizaciones.

Esta historia fue escrita originalmente en inglés para NBC News. Más aquí.