“Se dispone su búsqueda y orden de aprehensión”, señaló el juez Nelson Rocabado tras una audiencia en la región sureña de Tarija, donde tiene su dirección la supuesta víctima.

Afuera del juzgado un grupo de mujeres que se identificó como madres de familia exigía que la justicia avance en el caso y que se detenga al exgobernante que desde diciembre tiene una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. Las mujeres llevaban pancartas que decían “Evo Morales abusador, las niñas no se tocan”.

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La fiscal que atiende el caso, Sandra Gutiérrez, explicó a los medios que con esta orden de detención se ingresa a una etapa preparatoria del caso. “Con esto ya tenemos un mandamiento de aprehensión emitido por el juez, ya no por el Ministerio Público. La que teníamos nosotros como Ministerio Público ya queda sin efecto”.

Morales no se ha presentado a reiterados requerimientos de la justicia y se ha resguardado en su feudo cocalero en el centro de Bolivia por falta de garantías, según dirigentes campesinos afines.

“Es claro que no hay garantías para nuestro hermano Evo y hay que cuidarlo, no lo vamos a permitir. Estamos firmes las 24 horas del día”, dijo el dirigente campesino Isidro Vaca.

El caso fue activado el año pasado en medio de una fuerte disputa en el partido de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de agosto. El exmandatario es investigado por un caso de presunta trata y tráfico de personas por mantener una relación con una menor que resultó embarazada cuando él aún era presidente (2006-2019). En diciembre la Fiscalía presentó una imputación formal y emitió una primera orden de detención y arraigo.

La defensa y el mismo Morales han asegurado que se trata de un caso armado y que no lo han notificado formalmente en su casa. El martes en otra audiencia, a la que no asistió, su abogado presentó un certificado médico por un cuadro de bronconeumonía.

El viernes la defensa de Morales alegó además problemas cardiacos, pero el juez determinó que eran dolencias tratables.

“Lo que más debería preocuparnos y alarmarnos es la falta de voluntad de Evo Morales de presentarse a la justicia”, dijo a The Associated Press la diputada opositora Luciana Campero.

Campero explicó que existe un certificado de nacimiento en el que está el nombre de Morales como padre de una niña fruto de una relación con una menor. “La víctima tenía 14 años, fueron dos años de relación”, agregó.

Líderes opositores y el gobierno han criticado la postura de Morales de no asistir a sus audiencias. “Que se haga una prueba de paternidad si es inocente”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

El expresidente acusa al gobierno del presidente Luis Arce de un complot para sacarlo de la carrera para los comicios presidenciales. No obstante, la Corte Suprema ya se pronunció en contra de su candidatura.

El exmandatario es investigado desde septiembre por el delito de trata agravada de personas, pero no se ha presentado hasta ahora a declarar ante la fiscalía. Tampoco se pudo lograr su detención entonces, dado que el exmandatario se refugió en su feudo cocalero de Chapare, al centro de Bolivia, y recibió la protección de sus bases con protestas y bloqueos.

La decisión de la fiscalía del lunes responde a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo en rueda de prensa la fiscal Sandra Gutiérrez que lleva la investigación citando informes de la policía y la fiscalía.

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Ahora un juez “debe señalar día para una audiencia de medidas cautelares” para que, en su caso, apruebe la orden de detención contra Morales, explicó la funcionaria. También fue expedida una ”alerta migratoria” para evitar que abandone el país.

El mismo lunes, la policía inició su regreso a la zona de Chapare desde las protestas del mes pasado que lideró el exmandatario. El cuerpo uniformado se vio forzado a salir de esa región tras denuncias de agresiones y de amedrentamiento por parte de sus seguidores.

Desde que la fiscalía abrió la investigación, Morales se atrincheró en el Chapare y vive en la sede de los sindicatos cocaleros protegido hasta por tres cordones de seguridad.

Morales acusó antes a su exaliado y sucesor, el presidente Luis Arce, de confabular con algunos jueces para perseguirlo y proscribirlo políticamente, de cara a las elecciones de 2025. “Es un plan negro para eliminarme política y físicamente para sacarme de la carrera electoral”, dijo antes.

El exmandatario no se pronunció inmediatamente sobre la orden de detención ni sobre la imputación formal por el caso de presunto abuso a una menor de edad que resultó embarazada.

Su abogado Nelson Cox calificó la imputación como un “exabrupto” motivado por “presiones políticas”, ya que su cliente no fue notificado de manera formal con la imputación. “Nos hemos enterado por la prensa y esto es una acción ilegal. No se respeta el debido proceso”, declaró a la televisora Unitel.

También tiene orden de aprehensión la madre de la víctima. El padre de ella es el único detenido.

“Acá no hay nada político. El señor Morales embarazó a una menor de 15 años en 2016, quien dio a luz una niña”, dijo la fiscal el lunes. El agravante, según la funcionaria, es que “Morales era presidente del país en ese momento”.

La investigación se lleva a cabo en la sureña región de Tarija, donde vive la víctima con sus padres y adonde debió acudir Morales a declarar en el mes de octubre. El exmandatario evitó ah persu detención entonces con un recurso legal e inició una ofensiva en contra del gobierno de Arce con protestas y bloqueos de carretera.

El caso contra el político de 65 años se conoce horas después de que la policía anunciara su regreso al Chapare, el bastión de Morales.

Los trabajadores de bancos y de oficinas públicas, que también se marcharon de esa región tras recibir amenazas, regresarán paulatinamente en los siguientes días, dijo más temprano el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Según informes de la policía, el Chapare es una de las regiones más inseguras del país donde operan mafias vinculadas al tráfico de cocaína. Para el Ministerio de Gobierno es la principal región productora de la droga.

Ante la ausencia de la policía en el Chapare, incrementó la inseguridad en esa zona, según informes policiales.

Durante los bloqueos de carreteras que duraron 24 días, varios policías resultados heridos con dinamita y más de un centenar de seguidores de Morales fueron detenidos y procesados por terrorismo. El gobierno acusó a Morales de haber provocado pérdidas por más $1,000 millones de dólares a la alicaída economía boliviana.

“Donald Trump, ‘el golpista’, financió el golpe de Estado de 2019. Arce felicita al golpista, no entiendo”, manifestó Morales al referirse a una publicación en redes sociales del mandatario boliviano en la que felicitó a Trump por su victoria en las elecciones del pasado 5 de noviembre.

En el proceso electoral de 2019, Morales buscaba su cuarto mandato presidencial, pero durante el conteo de votos denunció un “golpe de Estado” en su contra. Tras esto, renunció a su cargo, al igual que muchos funcionarios de su gobierno.

Morales se encuentra reunido con sus sectores afines en la comunidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, que es su bastión político y sindical, para determinar las acciones a tomar después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera varios fallos que lo inhabilitan para ser candidato presidencial y lo apartaron del liderazgo del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 30 años.

PUGNA ENTRE ARCE Y MORALES

Arce y Morales se encuentran distanciados desde finales de 2021, debido a diferencias en el manejo del Ejecutivo y el MAS. Este año su enfrentamiento se agudizó con un intercambio de acusaciones.

El presidente boliviano incluso señaló a Morales de querer “acortar su mandato” y de crear “inestabilidad política y económica” en el país para regresar al poder.

Durante la reunión, Morales tomó la palabra y acusó a Luis Arce de recibir apoyo de Estados Unidos para alejarlo de la presidencia de Bolivia.

“¿En qué parte de América Latina los Estados Unidos han defendido a un gobierno de izquierda?”, cuestionó el exmandatario, aludiendo a que Arce orquestó un “autogolpe” durante el alzamiento militar del 26 de junio con la ayuda del “imperio”.

El expresidente también afirmó que a pesar de los fallos constitucionales, que considera “ilegales”, él está habilitado para ser candidato presidencial y sigue siendo el líder del MAS.

Para Morales, las decisiones de los magistrados del TCP no son legales porque estos se prorrogaron un año en sus funciones luego de que las elecciones judiciales de 2023 no se llevaran a cabo por trabas en el Parlamento.

Por su parte, los sectores afines a Morales realizaron en octubre un bloqueo de carreteras de 24 días para defenderlo ante una posible orden de captura por una investigación de trata de personas y estupro que lo involucran, pero también para exigir su habilitación como candidato del MAS y soluciones para la crisis económica que atraviesa el país por falta de combustible y escasez de dólares.

Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba desde principios de octubre y luego de denunciar un “intento de asesinato” planificado por “Lucho Arce y varios ministros”.

Se esperaba el viernes que Morales y sus seguidores tomaran decisiones sobre el futuro político del MAS y del exmandatario, e incluso medidas de hecho contra el gobierno de Luis Arce.

“Se dispone su búsqueda y orden de aprehensión”, señaló el juez Nelson Rocabado tras una audiencia en la región sureña de Tarija, donde tiene su dirección la supuesta víctima.

Afuera del juzgado un grupo de mujeres que se identificó como madres de familia exigía que la justicia avance en el caso y que se detenga al exgobernante que desde diciembre tiene una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. Las mujeres llevaban pancartas que decían “Evo Morales abusador, las niñas no se tocan”.

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La fiscal que atiende el caso, Sandra Gutiérrez, explicó a los medios que con esta orden de detención se ingresa a una etapa preparatoria del caso. “Con esto ya tenemos un mandamiento de aprehensión emitido por el juez, ya no por el Ministerio Público. La que teníamos nosotros como Ministerio Público ya queda sin efecto”.

Morales no se ha presentado a reiterados requerimientos de la justicia y se ha resguardado en su feudo cocalero en el centro de Bolivia por falta de garantías, según dirigentes campesinos afines.

“Es claro que no hay garantías para nuestro hermano Evo y hay que cuidarlo, no lo vamos a permitir. Estamos firmes las 24 horas del día”, dijo el dirigente campesino Isidro Vaca.

El caso fue activado el año pasado en medio de una fuerte disputa en el partido de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de agosto. El exmandatario es investigado por un caso de presunta trata y tráfico de personas por mantener una relación con una menor que resultó embarazada cuando él aún era presidente (2006-2019). En diciembre la Fiscalía presentó una imputación formal y emitió una primera orden de detención y arraigo.

La defensa y el mismo Morales han asegurado que se trata de un caso armado y que no lo han notificado formalmente en su casa. El martes en otra audiencia, a la que no asistió, su abogado presentó un certificado médico por un cuadro de bronconeumonía.

El viernes la defensa de Morales alegó además problemas cardiacos, pero el juez determinó que eran dolencias tratables.

“Lo que más debería preocuparnos y alarmarnos es la falta de voluntad de Evo Morales de presentarse a la justicia”, dijo a The Associated Press la diputada opositora Luciana Campero.

Campero explicó que existe un certificado de nacimiento en el que está el nombre de Morales como padre de una niña fruto de una relación con una menor. “La víctima tenía 14 años, fueron dos años de relación”, agregó.

Líderes opositores y el gobierno han criticado la postura de Morales de no asistir a sus audiencias. “Que se haga una prueba de paternidad si es inocente”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

El expresidente acusa al gobierno del presidente Luis Arce de un complot para sacarlo de la carrera para los comicios presidenciales. No obstante, la Corte Suprema ya se pronunció en contra de su candidatura.

El exmandatario declaró a la radio cocalera Kawsachun Coca que la persecución de su vehículo por otros dos en los que viajaban los agresores se produjo a las 6:25 a.m. en el trayecto entre la localidad de Villa Tunari y Lauca ÑÑ, en el Trópico de Cochabamba.

Morales relató que observó que dos o tres camionetas seguían su coche por lo que su chofer “desvió” su trayecto, pero la persecución no cesó. “Ahí me di cuenta que era un operativo”, mencionó.

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“A mí me ha sorprendido, felizmente salvamos la vida”, señaló el exgobernante que dijo haber contado al menos 14 disparos.

El suceso quedó registrado en un video de cuatro minutos que filmó una mujer que estaba en el coche con Morales, y que muestra una parte del suceso.

“¡Agachate presi, agachate presi!”, le decían a Morales, los dos ocupantes del vehículo, mientras el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) hablaba por teléfono intentando alertar sobre lo que acontecía.

La filmación se corta un momento, luego Morales hace referencia a que tuvieron que cambiar de transporte puesto que el anterior resultó dañado y con la llanta baja como producto de un disparo.

Ahí es cuando los ocupantes, se dan cuenta que el chofer que conduce el vehículo sangra de la cabeza, mientras que toca insistentemente la bocina para pasar un sector con alto tráfico en la carretera.

Luego, el líder del oficialismo abre la ventanilla y alerta a los comunarios que les han disparado y les piden que bloqueen el camino para que sus perseguidores no puedan pasar.

Tras lo acontecido, Morales apuntó al Gobierno de Luis Arce de lo sucedido y dijo que “hoy se ha cumplido” el plan de intentar matarlo, después de que los intentos de destrozarlo políticamente y procesarlo judicialmente fracasaran.

Estos hechos se producen cuando esta jornada se cumplen dos semanas del bloqueo indefinido de caminos que los seguidores de Morales mantienen para exigir que el Gobierno retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra Evo Morales, que consideran forman parte de una persecución política.

También piden soluciones al encarecimiento de alimentos, la falta de dólares, la irregular provisión de combustibles y respeto a un congreso del MAS que en 2023 declaró a Morales «candidato único» para las elecciones del próximo año.

El sábado, la Cancillería boliviana denunció a la comunidad internacional que esas protestas lideradas por Morales “pretenden interrumpir el orden democrático”, lo que también afecta la estabilidad en la región suramericana.

Mientras que el presidente Luis Arce, en la víspera, relevó el alto mando militar, con la misión de preservar el orden interno del país y la democracia.

Las organizaciones oficialistas “evistas” o leales a Morales bloquean en dos lugares de la vía que va desde la región central de Cochabamba hacia la oriental Santa Cruz e instalaron otro punto de bloqueo en la ruta antigua entre ambos departamentos, según el reporte de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Más temprano también intentaron bloquear en la carretera desde Cochabamba hacia el occidente del país, cerca de la localidad de Parotani, pero la Policía dispersó a los manifestantes y permanece en el lugar para impedir que se instale la medida de presión.

El Ministerio Público de Bolivia investiga a Morales por los posibles delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

El exgobernante tenía que declarar el viernes ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos, sin embargo no acudió y su defensa presentó una excusa legal.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció que se emitiría una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a declarar, aunque por ahora no fue ejecutada y se desconoce si el documento fue emitido.

Desde que el Ministerio Público le advirtió con la orden de captura, Morales no ha salido del centro del país y sus seguidores vigilan los ingresos a la zona del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, y también la sede de las seis federaciones de cocaleros, organización liderada por el exmandatario.

En una publicación en la red social X, Morales, que preside el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), acusó al Gobierno de Luis Arce de haber construido “una ruta judicial y violenta para acabar con el proceso de cambio”, como llaman los oficialistas a los gobiernos de ese partido.

Según el exgobernante, los sectores “arcistas” o afines a Arce, “a través de sentencias, buscan arrebatarle la sigla del MAS-IPSP a los movimientos sociales para proscribir el instrumento” y quieren inhabilitar su candidatura a las elecciones generales de 2025.

“No les tenemos miedo. El abuso y la violencia siempre encontraron en nosotros una respuesta democrática. Y nuestra candidatura representa la alternativa real que tiene el pueblo boliviano de salir de la crisis, como lo hicimos en 2005”, sostuvo.

En una aparente alusión al conflicto con Morales, el presidente Arce reiteró este lunes que “a las niñas y a los niños no se toca, son nuestro tesoro”, al iniciar el pago de un bono estatal que se entrega anualmente a los escolares.

Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y elegir al candidato para las elecciones de 2025.

“Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos”, señaló Gutiérrez, que es la fiscal departamental de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso.

Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su presidencia, llamado “Generación Evo”.

Morales estaba citado a declarar el jueves en Tarija, pero su defensa presentó un memorial para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región central de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Gutiérrez señaló que, además del expresidente, fueron llamadas a declarar otras dos personas que también están investigadas en este caso y que tampoco se presentaron.

“Para los tres va a ser la misma situación legal, ya que ellos no han justificado su incomparecencia”, indicó.

La fiscal explicó que “el mandamiento de aprehensión se va a emanar para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa” y que también responderán a los memoriales presentados por la defensa de Morales.

Gutiérrez sostuvo que “no se está vulnerando ningún derecho”, como han asegurado Morales y sus abogados defensores, y afirmó que “todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal”.

Las organizaciones sociales afines a Morales advirtieron en esta jornada que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión contra el expresidente comenzarán un bloqueo nacional de caminos.

El exmandatario boliviano, que está distanciado del gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá de esa “batalla jurídica”, que para él es una “persecución política”, y ha señalado que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo “gratuitamente”.

La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de la llegada a La Paz de una caminata liderada por Morales por diversas demandas, entre ellas la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado “candidato único” del MAS para las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra del líder del MAS.

“Se dispone su búsqueda y orden de aprehensión”, señaló el juez Nelson Rocabado tras una audiencia en la región sureña de Tarija, donde tiene su dirección la supuesta víctima.

Afuera del juzgado un grupo de mujeres que se identificó como madres de familia exigía que la justicia avance en el caso y que se detenga al exgobernante que desde diciembre tiene una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. Las mujeres llevaban pancartas que decían “Evo Morales abusador, las niñas no se tocan”.

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La fiscal que atiende el caso, Sandra Gutiérrez, explicó a los medios que con esta orden de detención se ingresa a una etapa preparatoria del caso. “Con esto ya tenemos un mandamiento de aprehensión emitido por el juez, ya no por el Ministerio Público. La que teníamos nosotros como Ministerio Público ya queda sin efecto”.

Morales no se ha presentado a reiterados requerimientos de la justicia y se ha resguardado en su feudo cocalero en el centro de Bolivia por falta de garantías, según dirigentes campesinos afines.

“Es claro que no hay garantías para nuestro hermano Evo y hay que cuidarlo, no lo vamos a permitir. Estamos firmes las 24 horas del día”, dijo el dirigente campesino Isidro Vaca.

El caso fue activado el año pasado en medio de una fuerte disputa en el partido de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de agosto. El exmandatario es investigado por un caso de presunta trata y tráfico de personas por mantener una relación con una menor que resultó embarazada cuando él aún era presidente (2006-2019). En diciembre la Fiscalía presentó una imputación formal y emitió una primera orden de detención y arraigo.

La defensa y el mismo Morales han asegurado que se trata de un caso armado y que no lo han notificado formalmente en su casa. El martes en otra audiencia, a la que no asistió, su abogado presentó un certificado médico por un cuadro de bronconeumonía.

El viernes la defensa de Morales alegó además problemas cardiacos, pero el juez determinó que eran dolencias tratables.

“Lo que más debería preocuparnos y alarmarnos es la falta de voluntad de Evo Morales de presentarse a la justicia”, dijo a The Associated Press la diputada opositora Luciana Campero.

Campero explicó que existe un certificado de nacimiento en el que está el nombre de Morales como padre de una niña fruto de una relación con una menor. “La víctima tenía 14 años, fueron dos años de relación”, agregó.

Líderes opositores y el gobierno han criticado la postura de Morales de no asistir a sus audiencias. “Que se haga una prueba de paternidad si es inocente”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

El expresidente acusa al gobierno del presidente Luis Arce de un complot para sacarlo de la carrera para los comicios presidenciales. No obstante, la Corte Suprema ya se pronunció en contra de su candidatura.

Zúñiga junto a un grupo de militares armados tomaron la plaza Murillo con tanques y derribaron la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo de Bolivia.

“Hablaré con detalles, el día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente (Luis Arce) y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar mi popularidad” dijo Zúñiga al momento de su captura.

La Fiscalía de Bolivia informó que se inició una investigación penal contra Zúñiga y “todos los demás participes” en los hechos sucedidos en la Plaza Murillo frente a la sede del Ejecutivo.

También indicó en un comunicado que se buscará la “imposición de la máxima sanción de los responsables” para defender la “la legalidad e intereses generales de la sociedad y para preservación de la democracia”.

Tras su captura, Zúñiga acusó al presidente Arce de ordenar la operación militar para “levantar su popularidad”.

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LO QUÉ DIJO ZÚÑIGA AL SER CAPTURADO

Zuñiga afirmó en el momento en que era capturado que el presidente Luis Arce le ordenó realizar un movimiento militar y sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

“Yo le pregunté: ¿sacamos los blindados? y él (Arce)” respondió “sacá”, agregó.

El destituido jefe militar dio una lista de los vehículos que supuestamente Arce le ordenó mover.

“En la noche empiezan a bajar seis cascabeles y 6 urutús, más 14 zetas del regimiento de Achacachi”, mencionó.

Zuñiga fue detenido y trasladado a una celda en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, mientras que la Fiscalía anunció una “investigación penal” en contra suya y los militares que irrumpieron en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno.

Antes de relevar a toda la Cúpula de las Fuerzas Armadas, Arce encaró a Zuñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, y que fue tumbada por un tanque militar, y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban.

“Repliegue todas estás fuerzas es una orden”, le gritó Luis Arce a Zuñiga.

El mandatario boliviano, Luis Arce, llamó al pueblo a movilizarse contra el despliegue militar y decidió horas después designar una nueva cúpula militar, relevando al comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, quien protagonizó la movilización de uniformados contra el gobierno.

“No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven las vidas de bolivianos”, rechazó Arce en un mensaje nacional difundido en televisión.

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Tras el relevo en el mando militar, los uniformados y los vehículos militares blindados desplegados en la plaza frente a la sede gubernamental se retiraron del lugar. También el comandante Zúñiga se marchó del lugar.

“Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia”, declaró el presidente Arce, tras el inicio de la retirada militar. Y se refirió a “un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra Constitución”.

Reconoció, sin embargo, que Bolivia cuenta con soldados “que saben que nuestra Constitución política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante”.

“Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático”, recalcó. 

Poco después salió a saludar desde el palacio de gobierno rodeado de sus ministros y agradeció a una multitud de bolivianos que llegó a la plaza.

LAS MOVILIZACIONES IRREGULARES

El mandatario había denunciado más temprano “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano” e hizo un llamado a respetar la democracia, mientras imágenes de televisión mostraban el despliegue de soldados y vehículos militares blindados frente al palacio de gobierno.

El exmandatario boliviano Evo Morales, también en un mensaje en X, antes Twitter, denunció la movilización de militares y mencionó que se estaba gestando un golpe de Estado.

Imágenes de televisión mostraban varias vehículos militares blindados y un grupo de soldados frente a la sede gubernamental, que más tarde llegaron a ingresar al palacio, tras embestir y forzar la entrada.

El comandante del Ejército Zúñiga, presente en la misma plaza Murillo, dijo: “Estamos molestos por el ultraje que hay, ya basta”. 

Sin dar más detalles de a qué se refería, habló en televisión de ”ataques a la democracia”, que “pronto habrá un cambio de gabinete” y que ”por ahora” reconocía al presidente Arce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

ARCE Y ZÚÑIGA, FRENTE A FRENTE

Más tarde se vio a Arce encarando a Zúñiga, a quién el mandatario designó para el cargo en noviembre de 2002, en el pasillo del palacio. “Yo soy su capitán y le ordenó que repliegue a sus soldados y no voy a permitir esta insubordinación”, enfatizó.

El mando militar justificó el despliegue militar porque “una élite se han adueñado del poder, del Estado”.

Dijo, en medio de la tensión, que las Fuerzas Armadas quieren reestructurar la democracia y pidió la libertad de todos los presos políticos, mencionando a la expresidenta interina Jeanine Añez y a Luis Fernando Camacho, gobernador de la rica provincia de Santa Cruz, ambos en prisión.

“No puede ser que subalternos estén presos por haber acatado órdenes”, en relación con el juico y condenas contra jefes militares que participaron en la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales (2006-2019).

“Al ejército no le faltan cojones para velar por el mañana de nuestros niños”, recalcó el mando militar sobre el hartazgo de los uniformados ante las decisiones de la clase política. Aún están pendientes de aprobar por el Legislativo las listas de ascensos en el Ejército debido a las pugnas internas entre los sectores del oficialismo y falta de mayoría.

El día anterior, el comandante Zúñiga dijo en una entrevista televisada que si el exmandatario Evo Morales mantenía sus intenciones de ser candidato de nuevo a la presidencia, podrían llegar a detenerlo.

El nuevo mando militar nombrado por Arce para reemplazar a Zúñiga, José Wilson Sánchez, rechazó lo ocurrido.

“Es una situación especial decían porque nadie quiere ver la imagen que estamos viendo en las calles”, declaró y ordenó la retirada de las tropas que se habían movilizado a las calles.

Partidarios al presidente se reunieron en la plaza y gritaban consignas a su favor como “Lucho, no estás solo” o “Fusil, metralla, el pueblo no se calla”. Los militares lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato de trabajadores, declaró huelga general y llamó a “movilizaciones” a los trabajadores.

El intento de golpe de Estado en Bolivia generó reacciones de rechazo en toda la región.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos condenó lo sucedido en Bolivia y apeló a que el Ejército se someta “al poder civil legítimamente elegido”.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, se pronunció desde Asunción y rechazó la situación: “La comunidad internacional, la OEA y la secretaría general de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento al orden constitucional legítimo en Bolivia, ni en ningún otro lugar”.

Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, reprochó la actuación militar en un mensaje en X y trasladó su preocupación por la situación en Bolivia. “Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país”, indicó.

Al condenar los hechos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en redes sociales que la posición de Brasil es clara: “Soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina”.

También el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, manifestó en la red social el “total apoyo” a Arce a quien identificó como la “auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano”.

Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro instó a los bolivianos a defender la democracia y denunció que las fuerzas bolivianas “han traicionado su juramento de lealtad al Estado”.

Maduro dijo durante un acto que había conversado vía telefónica con Arce, el expresidente Evo Morales y la mandataria hondureña Xiomara Castro quien convocó de urgencia a la treintena de integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a condenar los hechos.

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, también mostró su apoyo al gobierno boliviano: “Hacemos un enérgico llamado a respetar la democracia y el Estado de Derecho”.

“Se dispone su búsqueda y orden de aprehensión”, señaló el juez Nelson Rocabado tras una audiencia en la región sureña de Tarija, donde tiene su dirección la supuesta víctima.

Afuera del juzgado un grupo de mujeres que se identificó como madres de familia exigía que la justicia avance en el caso y que se detenga al exgobernante que desde diciembre tiene una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. Las mujeres llevaban pancartas que decían “Evo Morales abusador, las niñas no se tocan”.

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Morales no se ha presentado a reiterados requerimientos de la justicia y se ha resguardado en su feudo cocalero en el centro de Bolivia por falta de garantías, según dirigentes campesinos afines.

“Es claro que no hay garantías para nuestro hermano Evo y hay que cuidarlo, no lo vamos a permitir. Estamos firmes las 24 horas del día”, dijo el dirigente campesino Isidro Vaca.

El caso fue activado el año pasado en medio de una fuerte disputa en el partido de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de agosto. El exmandatario es investigado por un caso de presunta trata y tráfico de personas por mantener una relación con una menor que resultó embarazada cuando él aún era presidente (2006-2019). En diciembre la Fiscalía presentó una imputación formal y emitió una primera orden de detención y arraigo.

La defensa y el mismo Morales han asegurado que se trata de un caso armado y que no lo han notificado formalmente en su casa. El martes en otra audiencia, a la que no asistió, su abogado presentó un certificado médico por un cuadro de bronconeumonía.

El viernes la defensa de Morales alegó además problemas cardiacos, pero el juez determinó que eran dolencias tratables.

“Lo que más debería preocuparnos y alarmarnos es la falta de voluntad de Evo Morales de presentarse a la justicia”, dijo a The Associated Press la diputada opositora Luciana Campero.

Campero explicó que existe un certificado de nacimiento en el que está el nombre de Morales como padre de una niña fruto de una relación con una menor. “La víctima tenía 14 años, fueron dos años de relación”, agregó.

Líderes opositores y el gobierno han criticado la postura de Morales de no asistir a sus audiencias. “Que se haga una prueba de paternidad si es inocente”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

El expresidente acusa al gobierno del presidente Luis Arce de un complot para sacarlo de la carrera para los comicios presidenciales. No obstante, la Corte Suprema ya se pronunció en contra de su candidatura.

“Se dispone su búsqueda y orden de aprehensión”, señaló el juez Nelson Rocabado tras una audiencia en la región sureña de Tarija, donde tiene su dirección la supuesta víctima.

Afuera del juzgado un grupo de mujeres que se identificó como madres de familia exigía que la justicia avance en el caso y que se detenga al exgobernante que desde diciembre tiene una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. Las mujeres llevaban pancartas que decían “Evo Morales abusador, las niñas no se tocan”.

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La fiscal que atiende el caso, Sandra Gutiérrez, explicó a los medios que con esta orden de detención se ingresa a una etapa preparatoria del caso. “Con esto ya tenemos un mandamiento de aprehensión emitido por el juez, ya no por el Ministerio Público. La que teníamos nosotros como Ministerio Público ya queda sin efecto”.

Morales no se ha presentado a reiterados requerimientos de la justicia y se ha resguardado en su feudo cocalero en el centro de Bolivia por falta de garantías, según dirigentes campesinos afines.

“Es claro que no hay garantías para nuestro hermano Evo y hay que cuidarlo, no lo vamos a permitir. Estamos firmes las 24 horas del día”, dijo el dirigente campesino Isidro Vaca.

El caso fue activado el año pasado en medio de una fuerte disputa en el partido de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de agosto. El exmandatario es investigado por un caso de presunta trata y tráfico de personas por mantener una relación con una menor que resultó embarazada cuando él aún era presidente (2006-2019). En diciembre la Fiscalía presentó una imputación formal y emitió una primera orden de detención y arraigo.

La defensa y el mismo Morales han asegurado que se trata de un caso armado y que no lo han notificado formalmente en su casa. El martes en otra audiencia, a la que no asistió, su abogado presentó un certificado médico por un cuadro de bronconeumonía.

El viernes la defensa de Morales alegó además problemas cardiacos, pero el juez determinó que eran dolencias tratables.

“Lo que más debería preocuparnos y alarmarnos es la falta de voluntad de Evo Morales de presentarse a la justicia”, dijo a The Associated Press la diputada opositora Luciana Campero.

Campero explicó que existe un certificado de nacimiento en el que está el nombre de Morales como padre de una niña fruto de una relación con una menor. “La víctima tenía 14 años, fueron dos años de relación”, agregó.

Líderes opositores y el gobierno han criticado la postura de Morales de no asistir a sus audiencias. “Que se haga una prueba de paternidad si es inocente”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

El expresidente acusa al gobierno del presidente Luis Arce de un complot para sacarlo de la carrera para los comicios presidenciales. No obstante, la Corte Suprema ya se pronunció en contra de su candidatura.

Según las autoridades, estos han sido los aguaceros más intensos en 20 años.

“Son tres personas fallecidas. La mamá de 37 años, una menor de 7 a 5 y el otro 2 a 3 años, después que ha habido un deslizamiento por las lluvias”, detalló a los medios el teniente Carlos Espinoza.

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El derrumbe ocurrió en la madrugada del sábado en el municipio de Achocalla. Los vecinos relataron a los medios que los bomberos tardaron más de cinco horas en rescatar los cuerpos de la familia.

En las últimas semanas en la región andina se registraron lluvias persistentes que han ocasionado derrumbes, principalmente en La Paz, que está rodeada por montañas y cerros.

El secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Juan Pablo Palma, refirió que este mes ha sido uno de los más húmedos en los últimos tiempos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió por la tarde una alerta “roja” o máxima debido a la amenaza de desbordes de ríos en la ciudad de La Paz y la región central de Cochabamba.